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Política

Las otras deudas que deberá pagar Javier Corral

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Los gobiernos entrante y saliente iniciaron ayer de manera formal el traslado de la administración pública estatal, que incluye información sobre gastos y operaciones realizadas durante los últimos cinco años y nueve meses de la gestión del actual gobernador, César Duarte Jáquez.

Lo que faltaría contabilizar en todo ese mar de cuentas es la larga lista de cuentas que deberá cubrir la próxima administración, y que no aparecen en ninguno de los conceptos de deuda o de compromisos financieros del gobierno estatal.

Va el primer ejemplo: el CRIT. Por artículo de ley, el Gobierno del Estado debe entregar cada año una cantidad de dinero equivalente a 8 millones de UDI´s a esa institución, que forma parte de la estructura del grupo Televisa. Al tipo de cambio de hoy, esa cantidad asciende a 43 millones 200 mil pesos que el Gobierno está obligado a entregar a dicha institución.

La conveniencia o no de darle el dinero a Televisa para que otorgue un servicio que es un derecho universal, como es el acceso a la salud, amerita otro artículo. Por lo pronto, el Gobierno del Estado tiene esa obligación.
Otro botón más: la Ley de Víctimas: el Congreso del Estado reformó el artículo transitorio que le daba vigencia a esa ley, de modo que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2017, es decir, cuando ya esté en funciones la próxima administración.

Por ese motivo, ésta tendrá la obligación de reservar el 0.3 de su presupuesto para restaurar los daños a las víctimas de actos de gobierno, ya sean torturas policiales, negligencias o daños causados por obras mal hechas. La cuenta ha de ser larga, si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias de tortura que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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