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Política

Las otras deudas que deberá pagar Javier Corral

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Los gobiernos entrante y saliente iniciaron ayer de manera formal el traslado de la administración pública estatal, que incluye información sobre gastos y operaciones realizadas durante los últimos cinco años y nueve meses de la gestión del actual gobernador, César Duarte Jáquez.

Lo que faltaría contabilizar en todo ese mar de cuentas es la larga lista de cuentas que deberá cubrir la próxima administración, y que no aparecen en ninguno de los conceptos de deuda o de compromisos financieros del gobierno estatal.

Va el primer ejemplo: el CRIT. Por artículo de ley, el Gobierno del Estado debe entregar cada año una cantidad de dinero equivalente a 8 millones de UDI´s a esa institución, que forma parte de la estructura del grupo Televisa. Al tipo de cambio de hoy, esa cantidad asciende a 43 millones 200 mil pesos que el Gobierno está obligado a entregar a dicha institución.

La conveniencia o no de darle el dinero a Televisa para que otorgue un servicio que es un derecho universal, como es el acceso a la salud, amerita otro artículo. Por lo pronto, el Gobierno del Estado tiene esa obligación.
Otro botón más: la Ley de Víctimas: el Congreso del Estado reformó el artículo transitorio que le daba vigencia a esa ley, de modo que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2017, es decir, cuando ya esté en funciones la próxima administración.

Por ese motivo, ésta tendrá la obligación de reservar el 0.3 de su presupuesto para restaurar los daños a las víctimas de actos de gobierno, ya sean torturas policiales, negligencias o daños causados por obras mal hechas. La cuenta ha de ser larga, si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias de tortura que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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