El pasado 6 de enero, Ambrosio Soto, alcalde de Pungarabato, Guerrero, denunció públicamente que había sido amenazado de muerte. Aseguró que un grupo criminal le exigía una cuota de 3 millones de pesos para dejarlo gobernar. El fin de semana fue ejecutado en una emboscada en Michoacán.
Días después de esa denuncia, los senadores perredistas Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter lo recibieron en la Cámara alta. A ellos les pidió intervenir ante las autoridades federales para que le otorgaran el cuidado y la seguridad del municipio y de su persona.
Barbosa recordó que en esos días, como parte de la gestión realizada, “hablamos con Renato Sales, hoy coordinador Nacional de Seguridad; hablamos con la Secretaría de Gobernación en dos ocasiones y no nos dieron respuesta. Hoy Ambrosio Soto fue asesinado”.
Cuando Soto denunció por primera vez estas amenazas del crimen organizado, afirmó que éstas se las hicieron llegar “a través de algunos familiares, y que le mandaron decir que estaba sentenciado a muerte”.
Señaló aquel 6 de enero que “estas amenazas se deben a que me negué a dar dinero del erario y a designar como director de Obras Públicas del municipio a una persona que la delincuencia organizada me propuso”.
Barbosa recordó que en su reunión, Soto les mencionó que había sido amenazado “por no admitir el pago de derecho de piso, por impedir que se comerciara con carne robada y la siembra de amapola”.
El presidente municipal de Pungarabato, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, fue ejecutado junto con su chofer el pasado sábado, alrededor de las 23:30 horas, cuando regresaban de Michoacán.
El homicidio se registró en el punto conocido como “Las Curvas del Cajón”, entre San Lucas y Riva Palacios, Michoacán, cuando el alcalde se desplazaba hacia Ciudad Altamirano.
En la emboscada resultaron heridos dos policías federales que fungían como sus escoltas.
La guardia le fue asignada como parte de las medidas cautelares, luego de que en noviembre de 2015 el alcalde denunció ante la diligencia estatal y nacional de su partido amenazas y extorsiones por parte de la delincuencia organizada.
El pasado martes 5 de julio fue ejecutado Sebastián Soto Rodríguez, primo y chofer del presidente municipal asesinado.
Días antes de este ataque, Soto había declarado que estaba “hasta la madre” de la inseguridad, extorsiones y amenazas de muerte.
Incluso, también avaló que los habitantes de su municipio “se armen para defenderse de la delincuencia”.
Armando Ríos Piter calificó el hecho de “indignante y terrible”, principalmente porque “causa profunda indignación, toda vez que el Ambrosio Soto, desde hace varios meses, denunció que era sujeto de solicitudes de extorsión” por parte del crimen organizado.
El Financiero
