Política

Congreso de Quintana Roo deroga ley anticorrupción

Published

hace 10 años

Jul 27, 2016

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El Congreso de Quintana Roo canceló este martes la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente, si bien dejó intactas otras medidas.

«Con modificaciones en lo particular, se aprueban reformas y derogaciones a Ley Orgánica del poder judicial y a la Constitución de Quintana Roo», informó el Congreso del Estado vía Twitter.

De esta manera, quedó sin efecto la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.

Esta decisión fue interpretada como un «blindaje» para el gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.

Por ello, la Fiscalía General de México presentó el pasado 11 de julio ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas en los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, aseguró en conferencia de prensa que «ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley».

Se presentaron acciones de inconstitucionalidad para Quintana Roo y Veracruz «para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)», señaló el vocero.

Posteriormente, Borge se reunió con la fiscal general, Arely Gómez, y se mostró predispuesto a abrogar o derogar las iniciativas que generaron la acción de inconstitucionalidad.

Estas modificaciones fueron presentadas ete martes por el gobernador saliente y aprobadas por la mayoría de diputados locales.

No obstante, los legisladores ratificaron a Carlos Arturo Álvarez como el nuevo fiscal general de justicia estatal, y este punto también fue criticado por la PGR porque se decidió sustituir la actual Procuraduría de Justicia estatal y, en el nuevo organismo, el titular tendrá un cargo de siete años.

Publimetro

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Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

Published

hace 2 semanas

Jul 1, 2026

segundoasegundo

En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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