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Política

Congreso de Quintana Roo deroga ley anticorrupción

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El Congreso de Quintana Roo canceló este martes la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente, si bien dejó intactas otras medidas.

«Con modificaciones en lo particular, se aprueban reformas y derogaciones a Ley Orgánica del poder judicial y a la Constitución de Quintana Roo», informó el Congreso del Estado vía Twitter.

De esta manera, quedó sin efecto la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.

Esta decisión fue interpretada como un «blindaje» para el gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.

Por ello, la Fiscalía General de México presentó el pasado 11 de julio ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas en los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, aseguró en conferencia de prensa que «ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley».

Se presentaron acciones de inconstitucionalidad para Quintana Roo y Veracruz «para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)», señaló el vocero.

Posteriormente, Borge se reunió con la fiscal general, Arely Gómez, y se mostró predispuesto a abrogar o derogar las iniciativas que generaron la acción de inconstitucionalidad.

Estas modificaciones fueron presentadas ete martes por el gobernador saliente y aprobadas por la mayoría de diputados locales.

No obstante, los legisladores ratificaron a Carlos Arturo Álvarez como el nuevo fiscal general de justicia estatal, y este punto también fue criticado por la PGR porque se decidió sustituir la actual Procuraduría de Justicia estatal y, en el nuevo organismo, el titular tendrá un cargo de siete años.

 

 

Publimetro

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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