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Política

Senado de Brasil aprueba juicio político contra Rousseff

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El Senado de Brasil votó a favor de presentar cargos contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff y someterla a juicio por violar las leyes de presupuesto, en un proceso de impugnación que ha paralizado a la política local desde enero.

Mientras la atención de todo Brasil está puesta en los Juegos Olímpicos en Río, en Brasilia los senadores votaron por 59-21 contra la líder izquierdista en una agitada sesión encabezada por el magistrado Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal.

De ser hallada culpable, Rousseff sería alejada definitivamente de su cargo, poniendo fin a 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores, y se confirmaría al presidente interino Michel Temer para el resto del período que cierra en 2018.
Los opositores de Rousseff necesitaban apenas una mayoría simple entre los 81 senadores para poder llevarla a juicio por manipular las cuentas públicas y autorizar gastos sin la aprobación del Congreso, lo que afirman que ayudó a su reelección en el 2014.

El veredicto final se espera a fines de agosto y para declarar culpable a Rousseff se requieren dos tercios de los votos, cinco votos menos que los alcanzados por sus opositores el miércoles.

La votación del miércoles mostró que el movimiento por remover a Rousseff ha ganado fuerza en el Senado, que en mayo había votado por 55-22 para continuar el proceso de impugnación iniciado en diciembre por la Cámara baja. También pareció sellar el destino de la presidenta suspendida, que perdió terreno clave en lugar de conseguir el apoyo de senadores indecisos.

Eso fortalecerá la posición de Temer mientras lucha por mostrar su legitimidad y estabilizar a la política de Brasil.

La incertidumbre ha obstaculizado a sus esfuerzos por frenar una crisis fiscal heredada de Rousseff, a quien se responsabiliza de llevar a la economía a la que podría ser su peor recesión desde la década de 1930.

Temer, un conservador que fue vicepresidente de Rousseff, ha instado a los senadores a concluir rápido el juicio para avanzar con sus planes para limitar el gasto público, reformar un sistema de pensiones extremadamente generoso y restaurar la confianza en las finanzas del Gobierno.

 

 

 

El Financiero

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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