El todavía gobernador de Chihuahua, César Duarte, enfrenta ahora una orden de embargo por la deuda que tiene, en lo personal, por unos invernaderos que colocó en sus ranchos e intentó pagar con dinero público en un arreglo que, de ser cierto, evidenciaría como intentó pagar deudas privadas con dinero de todos los chihuahuenses.
Así lo afirmó el empresario español Ángel Cano quien, con lujo de detalles, contó cómo fue el encuentro entre el mandatario estatal y él en un hotel de Beijing, China, mientras Duarte realizaba una gira oficial en compañía del presidente Enrique Peña Nieto, la cual aprovechó para atender negocios personales.
El empresario también afirmó que hubo contratos con el Gobierno de Chihuahua en el sexenio de Reyes Baeza y otros en el de César Duarte, completamente oficiales y legales. Sin embargo, el mandatario habría aprovechado para instalar también viveros en sus ranchos, y durante la negociación del adeudo por más de 700 mil dólares pretendió que se cubrieran sus adeudos con recursos públicos.
Al negarse el empresario español a participar en este fraude, fue citado en la Casa de Gobierno de Chihuahua, donde habría de resolver el adeudo privado de Duarte, pero se dijo sorprendido al encontrar ahí a Mario Trevizo, secretario general de Gobierno, así como el diputado federal Carlos Hermosillo, a quien anteriormente se ha señalado como cómplice de Duarte en numerosas irregularidades, como la conformación del Banco Unión Progreso, en la que también se mezclan intereses públicos y privados.
El empresario europeo se dijo extrañado de que un adeudo privado se resolviera en un recinto oficial y rodeado de altos funcionarios y políticos. También aseguró que Duarte lo habría amenazado con detenerlo pues “me dijo que tenía el control de jueces y fiscales, y que me podrían detener por algo”. Durante la entrevista con Carlos Loret de Mola, su equipo de periodistas presentó abundante información, una grabación y el testimonio en video del empresario.
Al igual que como hizo con el escándalo de la Unión Progreso, el mandatario negó todos los hechos y atribuyó la denuncia al “clima político de Chihuahua”, a pesar de que quien lo demanda es un empresario, no un político, quien reclama un adeudo, no posiciones, y ni es mexicano, sino español. Duarte aseguró que lo demandará por difamación, y se comprometió a demostrar que su participación fue en el año 2004 sólo con la intención de ayudar a una señora viuda.
El caso ya era conocido, pero por primera vez el empresario Ángel Cano presentó las pruebas de sus dichos, y el escándalo se destapa a unos días de entregar el poder a Javier Corral, así como a punto de cumplirse dos años de la denuncia interpuesta por el abogado Jaime García Chávez, la cual sigue estancada en la PGR, por lo que el próximo lunes se llevará a cabo un evento abierto al público en la Casa Siglo XIX, a las 6:00 de la tarde, para exigir que se proceda penalmente contra el aún gobernador.
El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!
Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.
Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.
En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.
Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.
Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.