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Congreso de Chihuahua declara gobernador a Javier Corral

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Diputados del Congreso local, declararon a Javier Corral Jurado, como nuevo gobernador de Chihuahua, cargo que asumirá constitucionalmente el próximo 4 de octubre.

Por primera y única ocasión en Chihuahua, el cargo de gobernador solamente tendrá una duración de 5 años, del 4 de octubre del 2016 al 7 de septiembre del 2021, para empatarse con las elecciones federales.

Este lunes, en sesión extraordinaria, los diputados de la LXIV Legislatura, aprobaron por unanimidad de votos el decreto presentado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, en el cual se declaró a Javier Corral Jurado, electo como gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

El decreto tuvo que ser emitido por el Congreso local, por las notificaciones enviadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Tribunal Estatal Electoral, luego de que la impugnación fue rechazada y se dio validez de la elección realizada el pasado 5 de junio.

El acto protocolario de toma de protesta, se efectuará el próximo martes 4 de octubre del 2016, en punto de las 11:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, declarado recinto oficial del Poder Legislativo del estado, para llevar a cabo la Sesión Solemne correspondiente.

El pasado 8 de septiembre, Javier Corral sostuvo una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.

Dicho encuentro se llevó a cabo, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara el triunfo de Corral en las elecciones para gobernador de Chihuahua del pasado 5 de junio.

 

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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