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Pide Yunes Linares liquidar adeudos estatales antes de su administración

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Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, anunció que la administración saliente está obligada por la ley a liquidar adeudos de los que sean acreedores, tres meses antes de que finalice la misma; agregó que, durante su mandato, implantará el estado de derecho que la entidad necesita.

En entrevista telefónica con Adela Micha para Grupo Imagen, Yunes Linares manifestó que, bajo el mandato de Javier Duarte de Ochoa, a la Universidad Veracruzana y a diversos ayuntamientos del estado se les retuvieron los recursos que la Federación les destina para cumplir con sus obligaciones orgánicas.

Esta administración debe pagar recursos indebidamente retenidos a maestros (y otros sectores de la población); en caso de que yo aceptará estas deudas, estaría violentando las normas legales. En cuanto se pague, debo de tomar posesión, pero no lo voy a hacer para que me pasen los” apuros económicos.

Yunes Linares comentó que no es problema de la sociedad si los fondos financieros ‘ya no están’: ‘es imposible que tanto dinero desaparezca; el dinero no puede’ esfumarse; aclaró que todas las deudas son severas, pero que el más significativo es aquel que la autoridad tiene para con la sociedad veracruzana:

La deuda que no se considera: la deuda social… más del 60 por ciento de Veracruz sufre pobreza, de alimentación, desempleo, de seguridad, de violencia; un millón 200 mil personas no tienen qué comer; todos los escándalos afectan a la mesa de las familias. Propongo que el gobernador interino cumpla con su responsabilidad y pague antes de que concluya su deber”.

El gobernador electo solicitará para antes de que arranque su administración una junta con el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, así como con el jefe del Ejecutivo Nacional, Enrique Peña Nieto, a fin de exponerles el caso de la forma más detallada posible; aseveró que:

Aconsejaré un nuevo modelo de coordinación para que el dinero enviado desde la Federación llegué a través de las manos de un colaborador de confianza, que sea destinado a los ayuntamientos (y áreas sociales) preestablecidas, y así evitar nuevos desvíos: a partir de diciembre, Veracruz tendrá un gobernador honorable”, auguró.

Abundó en que solicitará la reunión a la brevedad posible; con respecto a la petición por parte de Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino de Veracruz, en la que solicitó un rescate financiero por 11 mil millones de pesos para coadyuvar a los servicios más menesterosos de la agenda pública estatal, opinó:

Si la federación tiene recursos para apoyar a Veracruz, bienvenidos sean: cuando me reúna con el presidente y el titular de Hacienda, les notificaré a fondo del caso; si el apoyo extraordinario se puede, que se haga, pero pido una nueva figura para que se complete el tránsito del dinero. Hacienda debe tomar decisiones”, recomendó.

Dijo que el tema es de relevancia nacional, porque Veracruz posee una importante estrategia económica; se enfrentará al endeudamiento, así como a la amenaza de ‘cerrar 50 municipios’; por último, señaló que el caso causa descontento social y que, en caso de seguir así, diversos sectores se manifestarán para ejercer sus derechos.

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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