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Política

PGR asegura 112 cuentas e inmuebles vinculados a Duarte

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Al dar a conocer el inició de dos nuevas carpetas de investigación contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con las investigaciones contra el mandatario que además cuenta con investigaciones por Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La PGR indicó que los bienes están relacionados con amigos, familiares, ex servidores públicos y civiles, imputados de hechos delictivos que se encuentran vinculados a la investigación del caso Veracruz.

Para la PGR, las cuentas, empresas y propiedades aseguradas por el caso Veracruz, son bienes y recursos obtenidos de manera ilícita, tanto por parte del propio Javier Duarte y diferentes personas, entre las que se perfilan servidores públicos de la administración estatal veracruzana.

 

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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