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Adeudan partidos a Hacienda 625.9 MDP

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Los partidos políticos fueron evidenciados por el Instituto Nacional Electoral (INE) como deudores del fisco por 625.9 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2015 y anteriores.
Los pagos pendientes por enterar al IMSS por la seguridad social de trabajadores de los partidos ascienden a 27.2 millones de pesos; 484 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR); 11.3 millones de pesos por Infonavit; Impuesto Sobre Nóminas y Predial, por 52 millones de pesos, e IVA por 51 millones de pesos, que suman 625.9 millones, por los remanentes.
Por ello, el INE acordó un plan para que se regularicen por lo menos en lo que respecta a 2015, en tanto que de 2014 y anteriores —años que ya fueron fiscalizados— se dará vista a las autoridades. Además, aprobó criterios para que los partidos regularicen sus activos fijos (muebles e inmuebles), pues detectó irregularidades como ausencia de registro contable, en control interno y en la acreditación de la propiedad.
Para salvar sanciones los partidos deberán pagar sus deudas fiscales de 2015 a más tardar el 31 de diciembre próximo y en materia de registro de sus activos tendrán que presentar en marzo próximo un calendario de acciones tendiente a normalizarlos, con fecha fatal diciembre de 2017.
Desglose de la deuda. Las deudas con Hacienda fueron expuestas por el consejero Ciro Murayama en sesión del INE, en medio de la molestia de los partidos evidenciados: el mayor deudor es el PRD, con 332.8 millones de pesos, que representan 53% del monto total de lo que deben al fisco nueve institutos políticos nacionales y 21 locales.
Le siguen el PRI con montos pendientes por 73.6 millones, 11.8% de los adeudos, y el PVEM, con 52 millones de pesos, equivalente a 8.3%.
El PT debe al fisco 45.9 millones de pesos, 7.9%, y Movimiento Ciudadano 44.7 millones de pesos, 7.1%. En el caso del PAN debe a Hacienda 37 millones de pesos, 5.9% del total; el Panal adeuda 9.5 millones, que representa 1.5%, al igual que el PES y el Humanista (extinto).
Morena habría estado en deuda con el fisco por 6.6 millones de pesos y se suman 4.7 millones de pesos correspondientes a los 21 partidos locales. En total son 625.9 millones de pesos.
Sin embargo, mediante un oficio circulado por Horacio Duarte, de Morena, informó que se puso al corriente el pasado 13 de octubre, por lo que pidió que no se generalice que todos los partidos son deudores.
Juan Manuel Castro Rendón, de Movimiento Ciudadano, explicó que Hacienda les ha asegurado que no tiene adeudos. Mientras que Francisco Gárate, del PAN, expuso que a quienes acordaron programas de regularización fiscal se les dan 36 meses para pagar.
El consejero Murayama destacó que los adeudos fueron reconocidos por los partidos en sus informes del primer trimestre de 2016.
“Es preocupante, porque los partidos viven de los contribuyentes y eludir las contribuciones que le corresponden al fisco es inaceptable. Sabemos que la evasión y elusión fiscal son parte del deporte nacional que vuelve frágil al Estado”, advirtió. Los trabajadores de los partidos están viendo vulnerados sus derechos y las instituciones de la seguridad social del país están teniendo un déficit, acusó, en tanto que en Impuesto Sobre Nómina o por Honorarios incluso retuvieron el dinero y en vez de enterar al fisco se lo gastaron.
El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, reconoció que sobre esos años pasados no hay elementos para sancionar el hecho de que los partidos no hayan pagado impuestos durante más de un año.

El Universal

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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