Frente a las objeciones que han surgido de distintos actores políticos y sociales sobre el proceso de designación del próximo fiscal general de la República y el efecto que ha tenido para retrasar la aprobación de la ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión mediante la cual se cancela la disposición que establece el pase automático del actual procurador general de la República a fiscal.
Mediante un comunicado, la Presidencia reconoce que las distintas posturas respecto a este punto, que incluye al propio procurador Raúl Cervantes se estima que está transición de forma automática del titular de este cargo “no abona a centrarse en la discusión del modelo constitucional de la fiscalía, por ello se determinó modificarlo”.
Para la Presidencia de la República de aprobarse este cambio constitucional cuando se expida la ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte del Congreso “no existiría pase automático de un procurador a fiscal sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para designar al nuevo fiscal general de la República”.
De acuerdo al comunicado, el objetivo central es trabajar para la mejora continua de la institución del Ministerio Público de la Federación que enfrenta los grandes retos “que significa el inicio en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la procuración de justicia”.
En su posicionamiento la Presidencia recuerda que la reforma constitucional que está actualmente y que dispone de ese tránsito automático que ahora se pretende eliminar fue aprobado en el Senado con una votación de 106 votos favor, 15 en contra y una abstención en tanto que la Cámara de Diputados lo avaló con 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones. Esta iniciativa ahora será modificada ante las diversas objeciones que ha generado este pase automático.

La Jornada