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Líderes religiosos de EEUU reiteran compromiso de defender a migrantes

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Líderes religiosos de distintas congregaciones de Estados Unidos reiteraron su compromiso de defender a los inmigrantes en tiempos que se presentan complicados con la toma de posesión de Donald Trump como presidente el próximo 20 de enero.

Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, en inglés) hasta la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispanos (NHCLC), pasando por la Asociación Unitaria Universalista (UUA), tanto las congregaciones más conservadoras como las más liberales pidieron, por separado, que se respete la unidad familiar y se reconozcan los aportes de los inmigrantes.

En el caso de USCCB, su presidente y vicepresidente, el cardenal Daniel DiNardo y el arzobispo José Gómez, respectivamente, instaron en un reciente documento a «resguardar las fronteras, darle la bienvenida al extranjero y servir a los más vulnerables» porque «todos esos son componentes de una política inmigratoria digna».

El propio papa Francisco señaló este jueves a través de Twitter que los «jóvenes migrantes», particularmente aquellos que lo hacen sin la compañía de un adulto, se encuentran «especialmente indefensos».

Especial atención prestan también los grupos religiosos a la necesidad de proteger a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños con sus padres indocumentados, y que el presidente Barack Obama ofreció amparo migratorio bajo su medida ejecutiva Acción Diferida (DACA), que está en peligro de ser cancelado por Trump.

Por ejemplo, en Denver, Colorado, siete iglesias afiliadas con UUA recientemente abrieron sus puertas a Ingrid Encalada Latorre, quien recibió una orden de deportación a pesar de que sus gestiones migratorias aún no habían concluido.

 

Noticias MVS

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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