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Política

Quitan amparo a Rodrigo Medina ex gobernador de Nuevo León

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El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, ya no cuenta con protección contra la detención que pudieran ejecutar autoridades.

Esto, luego que la Juez Quinto de Distrito en materia Penal de Nuevo León, Beatriz Jaimes Ramos, sobreseyó el amparo que mantenía congelada la posibilidad de que fuera detenido.

La acción fue promovida contra el arresto que pudiera dictar un juez dentro de la causa penal por la que se le vinculó a procesos por ejercicio indebido de funciones.

En el auto de vinculación a proceso, el juez de control concedió el embargo precautorio sobre un lote de terreno de agostadero a nombre de Medina de la Cruz.

A través de otro amparo, el ex gobernador logró frenar la medida y ordenó que se realizara nuevamente la audiencia. La Subprocuraduría Anticorrupción giró un citatorio a Medina para interrogarlo por el incremento de su patrimonio.

La defensa de Medina de la Cruz promovió un juicio de amparo, debido a que requirió al ex gobernador para que manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Actuario de la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial de la entidad, por ser quien emitió el citatorio. La nueva acusación está relacionada con un incremento patrimonial.

Con información de El Universal

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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