Desde abril de 2016 se comenzaron a presentar en Chihuahua picos de violencia que recordaban los del cuatrienio del horror (2008-2012), que dejó en la entidad una estela de más de 18 mil muertos.

Esta violencia no solo tenía como escenarios, sin embargo, las ciudades de Juárez y Chihuahua. Se había desplazado hacia la zona serrana de la entidad, en la que se facilita el cultivo de amapola y marihuana, y en donde se enfrentaban a tiros los brazos armados del Cártel del Pacífico y de la organización Carrillo Fuentes: Gente Nueva y La Línea.

Chihuahua es el último bastión del otrora poderoso Cártel de Juárez. La organización que en tiempos de Amado Carrillo llegó a controlar 16 estados, se halla ahora aferrada con las uñas a la línea fronteriza mientras a sus pies comienza a abrirse el abismo.
A partir de abril del año pasado, según un reporte de inteligencia federal que analiza el desenvolvimiento de los cárteles de la droga en 2016, se desataron en Chihuahua homicidios “con características propias de la delincuencia organizada” y se reactivó “la difusión de mensajes escritos en cartulinas dejadas en algunos de los cuerpos que fueron abandonados en sitios o lugares públicos”.
Buena parte de esos mensajes aludía a la guerra que el Cártel del Pacífico mantiene contra los Carrillo.
Los niveles de violencia, para el gobierno federal, propiciaron en Chihuahua, en 2016, “escenarios de inestabilidad comparables a los que se presentaron en el sexenio calderonista”.
El análisis, realizado por instituciones dedicadas al combate al narcotráfico, señala que los acuerdos del exgobernador priísta César Duarte con algunos medios, y “la línea editorial ‘sugerida’ desde el área de comunicación social gubernamental”, lograron crear la impresión de que la violencia en la entidad había disminuido.
El informe indica que esta percepción general pudo venir en realidad de “un aparente acuerdo alcanzado entre las organizaciones Carrillo Fuentes y Pacífico para permanecer en la entidad con un bajo perfil, a efecto de retirar la atención de las autoridades, con el objetivo de que las fuerzas federales salieran del estado y con ellos relajar el cerco que se estaba estrechando hacia sus integrantes”.
De acuerdo con el reporte citado, se trató de una estrategia de “perder-ganar” que resultó favorable para ambos grupos delictivos “en tanto se logró el objetivo principal, que fue, particularmente, la salida del Ejército y la suspensión de los Operativos Conjuntos”, al menos durante los primeros meses de 2016.
La violencia brotó de nuevo, sin embargo, luego de la segunda detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo —ocurrida en la boca de una coladera de Los Mochis a través de la cual el capo huía de un operativo de las Fuerzas Armadas.
A partir de ese momento, los enfrentamientos entre delincuentes, los “levantones”, las agresiones armadas contra elementos policiacos y los homicidios dolosos fueron en aumento.
Se registraron 850 asesinatos en nueve meses (de enero a septiembre) y se cometieron 250 más en los primeros dos meses del nuevo gobierno, encabezado por el panista Javier Corral.
Volvieron también las ejecuciones múltiples: el 19 de octubre cinco personas fueron asesinadas en una estética; el 27, otras seis fueron masacradas en el interior de un hotel (el 22, cinco más habían sido acribilladas en una carretera).
Al mismo tiempo, la sierra se salió de control, y al “cobro de piso” a las empresas mineras, así como al desplazamiento de comunidades tarahumaras que huyeron de la violencia, se agregó un notable incremento en “ejecuciones” y enfrentamientos.
El ingreso de El Chapo Guzmán al penal del Altiplano, su posterior traslado al Cefereso 9, ubicado en Ciudad Juárez, y su reciente extradición a los Estados Unidos, terminaron de romper el pacto entre ambos grupos, de acuerdo con el reporte.
Para las autoridades, a la epidemia de violencia que se desató en Chihuahua tras la extradición de El Chapo ha contribuido también, de manera fundamental, la aparición de una tercera organización delictiva que encontró en el corredor Juárez-El Paso una puerta para el tráfico de metanfetaminas: el Cártel Jalisco Nueva Generación: la organización que va sobre las ruinas de los Carrillo Fuentes, y que —aprovechando su extradición— intenta explotar las debilidades del cártel que perteneció a El Chapo.

Con información de El Debate