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Trump impulsará ahora pleito fiscal; pretende impuesto fronterizo

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El gobierno de Estados Unidos alista la imposición de un impuesto fronterizo. El anuncio ocurrió luego de que el presidente Donald Trump perdió la batalla por la reforma al sistema de salud implementado por Barack Obama.
Ayer, en entrevista con la cadena Fox, el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo que la Casa Blanca impulsará un impuesto fronterizo como parte de su reforma fiscal.

Explicó que el gravamen busca “igualar el terreno de juego entre nuestro país y otros países en el mundo”.

Priebus prevé que la reforma fiscal sea apoyada esta vez por legisladores demócratas.

Expertos pronostican que otros países reaccionarían a ese gravamen con la imposición de sus propias tarifas a productos estadunidenses, afectando sus exportaciones.

Consultados sobre el plan de la Casa Blanca, el presidente y el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Francisco Yunes y Jorge Luis Lavalle, respectivamente, afirmaron que el impuesto fronterizo afectará a los propios consumidores de EU.

“Es un arancel disfrazado, que si bien frena exportaciones, también afecta el poder adquisitivo de los estadunidenses”, dijo Francisco Yunes.

La lógica y el sentido común hacen prever que “Trump también fracasará en esta reforma”, expuso Lavalle.

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, calificó de “ocurrencia” la propuesta.

En Estados Unidos, los productores agrícolas, quienes apoyaron a Trump durante la campaña presidencial, están presionando a su gobierno para que evite una guerra comercial con México.

Trump perdió la batalla por el Obamacare por no contar con el apoyo de los congresistas aglutinados en el Freedom Caucus, a quienes ayer atacó en Twitter.

Reviven impuesto fronterizo

Reince Priebus dijo esperar el apoyo de los dos partidos para aprobar este plan dentro del nuevo paquete fiscal.

Reince Priebus, jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que la Casa Blanca impulsará un impuesto fronterizo como parte de su proyecto de reforma fiscal, pese a la controversia surgida en torno a su implementación.

En una entrevista transmitida ayer por el canal Fox, Priebus aseguró que el impuesto fronterizo es una manera de “igualar el terreno de juego entre nuestro país y otros países en el mundo”.

Esa propuesta fue ideada por el gobierno de Trump como una manera de compensar la baja en ingresos derivada de los recortes fiscales contenidos en una eventual reforma tributaria.

Expertos han señalado que otros países reaccionarían a ese gravamen con la imposición de sus propias tarifas a productos estadunidenses, lo que afectaría las exportaciones de este país.

Asimismo, un impuesto a productos importados finalmente sería asumido por el consumidor final en Estados Unidos, de acuerdo con análisis del sector del comercio minorista.

No obstante, Priebus sostuvo ayer que este impuesto sería parte de un paquete para reducir la carga fiscal a los estadunidenses, incluso a la clase media, lo que podría ayudar a que la reforma sumara el apoyo de legisladores demócratas.

La reforma tendría apoyo de ambos partidos si “podemos proporcionar uno de los mayores recortes de impuestos a la clase media en la historia de este país”, expresó el funcionario.

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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