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Inhabilitan al opositor venezolano Henrique Capriles por 15 años

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Las autoridades venezolanas impusieron una inhabilitación administrativa por 15 años al líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.
El político, quien también es gobernador del estado Miranda, había denunciado la sanción horas antes el viernes.
«Urgente: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una inhabilitación por 15 años», afirmó Capriles en un mensaje en su cuenta de Twitter.
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La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela informó en un comunicado que Capriles recibía la amonestación «por incurrir en supuestos ilícitos tipificados» como «no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas».
Según el organismo, la inhabilitación tendrá efecto cuando el funcionario termine sus funciones como gobernador.
Durante la última década, varios líderes políticos de oposición han sido sometidos a este tipo de sanciones, incluido el ex alcalde de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
De acuerdo con el gobierno, estas sanciones forman parte de los esfuerzos para combatir la corrupción.
La oposición, por su parte, afirma que se trata de un mecanismo del oficialismo para dejar fuera de juego político a dirigentes opositores con alta popularidad.
Capriles, quien compitió por la presidencia de Venezuela en 2012 contra el entonces mandatario Hugo Chávez y en 2013 contra el actual presidente, Nicolás Maduro, es en la actualidad gobernador del estado de Miranda.
«A mis queridos y respetados compañeros de trabajo, sigo acá y siendo su Gobernador, llegamos con el voto del Pueblo y solo el Pueblo decide», dijo.

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El Mostrador

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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