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La Fiscalía de Brasil presenta una nueva denuncia contra el expresidente Lula da Silva

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Los responsables en la Fiscalía de Brasil de la investigación por la ‘operación Lava Jato’ han presentado este lunes ante la Justicia una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su presunta implicación en un delito de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionado con las obras realizadas por diferentes constructoras en Atibia.
En la denuncia, el Ministerio Público acusa al exmandatario de estructurar, orientar y comandar un esquema de pagos de sobornos en beneficio de partidos, políticos y funcionarios públicos, según ha recogido la Agencia Brasil.
El equipo de la Fiscalía sostiene que Lula, cuando era presidente, nombró a directores de la constructora Petrobras -implicada en un millonario escándalo de sobornos- para llevar a cabo «delitos» en beneficio de las empresas Odebrecht y OAS. A cambio, éste habría recibido sobornos de ambas a través de las obras realizadas en un inmueble en Atibia.
En este caso, Odebrecht habría pagado más de 128 millones de reales (más de 38 millones de dólares al cambio actual) a través de cuatro contratos con Petrobras, mientras que OAS habría pagado cerca de 27 millones (8,2 millones de dólares) en tres contratos firmados con la estatal.
Estas cantidades, ha señalado, se entregaron «a partidos y políticos que apoyaban al Gobierno de Lula», especialmente al Partido de los Trabajadores (PT), al Partido Progresista (PP) y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB).
En concreto, a Lula se le atribuye la entrega de 870.000 pesos a través de la realización de reformas, construcción de anexos y mejoras en el inmueble de Atibia.
Por su parte, la defensa de Lula sostiene que esta denuncia es un «intento desesperado» de la Fiscalía de «justificar la persecución» en su contra y ha definido estas acusaciones como frívolas y parte de una campaña de persecución política.

EconomíaHoy

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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