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Política

Cesan a Guillermo Dowell como notario, le comprueban irregularidades

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El presidente del PRI estatal, Guillermo Dowell Delgado fue cesado como notario público en el distrito Bravo de Ciudad Juárez, luego que se comprobaran diversas irregularidades por lo que se aplicó la máxima sanción contemplada en la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua.

La resolución de su separación del cargo que puede decretar la Secretaría General de Gobierno, debido a que la función notarial es una extensión del servicio público estatal, le fue notificada ayer a Dowell, bajo el señalamiento de que “sin tener derecho, solicitó una licencia de un año que no le fue concedida y sin embargo se ausentó injustificadamente de la función notarial, para presidir el PRI Estatal”.

“Se sanciona a José Guillermo Dowell Delgado con la máxima sanción autorizada por el artículo 109, fracción V, de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, se le separa en definitiva del cargo de notario público, ordenando entregue los libros, sellos, archivos, protocolos y demás documentos respectivos de la Notaría Número 12 del Distrito Judicial Bravos Chihuahua”, asienta la resolución notificada ayer.

LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

El pasado 20 de febrero, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Notariado anunció una revisión especial a la notaría de Dowell Delgado, luego de una queja presentada por la ciudadana María Hilda Francisca de la Vega Cobos ante la Secretaría General de Gobierno, el 17 de febrero. La inspección o auditoría inició al día siguiente, una vez que le fue formalmente notificada al también dirigente estatal del PRI.

El mismo personal de la Notaría Pública 12 confirmó en la revisión la ausencia del titular de la patente, que otorga la Secretaría General de Gobierno, por periodos largos y fuera de tiempo de las licencias solicitadas y autorizadas.

El comunicado oficial del Gobierno del Estado de esa fecha asentó que las irregularidades datan del 3 de febrero del 2015, cuando Dowell Delgado, por designación directa del entonces gobernador César Duarte Jáquez, asumió el cargo de subsecretario de Gobierno en Ciudad Juárez.

También desempeñó el cargo de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, lo cual realizó sin obtener las licencias legalmente y separarse de la función notarial en casos no autorizados por la ley.

Los permisos solicitados por Dowell, según la información oficial, no reunieron los requisitos de la Ley del Notariado, en la que se establece que para ser autorizada una segunda licencia debe reincorporase a la función notarial por al menos tres meses, temporalidad que en ninguna de las solicitudes elaboradas se cumplió, por ello los inspectores de la Dirección del Registro Público procedieron a revisar los libros de registro del 1 de enero del 2014 a febrero de 2017, con la finalidad de constatar las fechas y períodos en los que se firma o autoriza los actos realizados por el licenciado Dowell Delgado.

 

Con información de David Piñón, el Heraldo de Chihuahua.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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