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Más de 30 muertos en ataque con coche bomba en Kabul

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El número de muertos en el atentado con coche bomba perpetrado este lunes por los talibanes contra un autobús cargado de funcionarios en Kabul se ha elevado a 31 y los heridos rondan los 40, informó una fuente oficial.

La mitad de los fallecidos, de los que al menos tres son mujeres, quedaron completamente calcinados y su identificación está resultando difícil para las autoridades, indicó el coordinador de Víctimas del Ministerio de Salud Pública, Baz Muhammad Shirzad.

«De esos cadáveres gravemente quemados algunos han sido ya identificados pero todavía estamos trabajando para identificar siete cuerpos, ni siquiera sabemos si son adultos o niños», afirmó la fuente.

Poco antes de las 7.00 hora local, un suicida atacó un autobús que transportaba a funcionarios del Ministerio afgano de Minas y Petróleo a su paso por un área residencial de la capital, según afirmó el portavoz de la Policía local, Basir Mujahid.

Los talibanes reivindicaron la autoría asegurando que el objetivo del ataque, perpetrado «con un coche repleto de potentes explosivos», eran dos microbuses con «interrogadores» de los servicios de inteligencia afganos.

«Esos dos microbuses llevaban dos meses bajo vigilancia y fueron atacados hoy después de que hubieran recogido a todos los pasajeros», indicó el portavoz del grupo insurgente Zabihullah Mujahid, en una versión negada por la principal agencia de inteligencia, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS).

Este es el atentado más grave en Kabul desde el pasado 31 de mayo, cuando un camión cargado de explosivos detonó a la entrada de una zona de alta seguridad, donde murieron 150 personas y más de 300 quedaron heridas.

Según los datos recopilados por la misión de la ONU en Afganistán, el conflicto ha alcanzado un nuevo récord de muertes de civiles, con mil 662 fallecidos en los primeros seis meses del año.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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