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Xóchitl Tress, una excolaboradora de Javier Duarte, se declara culpable, pero podrá salir libre

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Xóchitl Tress Rodríguez, una de las excolaboradoras de Javier Duarte y con quien según la PGR el exmandatario sostendría una relación sentimental, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que un juez de control la condenó a tres años de prisión.
A pesar de haberse declarado culpable, Tress Rodríguez está en posibilidad de salir en libertad, ya que puede pedirle al juez del caso que le conmute los tres años de prisión por una condena alternativa.
Durante la audiencia celebrada la tarde del viernes 4 de agosto en la Sala 2 de Juicios Orales del Poder Judicial de Veracruz, la exfuncionaria de Javier Duarte se declaró culpable de enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía de Veracruz le imputo ese delito por la adquisición de propiedades y un vehículo.
De acuerdo con la acusación, la compra de esas propiedades no se justifican con los ingresos de Tress Rodríguez y se presume tienen su origen en el desvío de recursos públicos de Veracruz.
Por esa razón, el juez de control ordenó el decomiso inmediato de los bienes que Xóchitl Tress adquirió de manera ilícita.
Además, se le suspendieron sus derechos políticos y civiles y fue inhabilitada para desempeñarse como funcionario público durante tres años.
Mientras su abogado solicita que se le conmute la pena, la exfuncionaria de Veracruz continuará recluida en el penal de Playa Linda.
¿Qué declaró la exfuncionaria?
Al declararse culpable, Xóchitl Tress Rodríguez reconoció que el proceso de compra-venta de la casa que está a su nombre se acordó en el restaurante El Azafrán, pero dijo que ella fue engañada y que desconocía que la propiedad se adquirió a través de una empresa fantasma.
Además, la exfuncionaria señaló que Víctor Gachuz, dueño del restaurante y otro de los implicados en el caso de empresas fantasma, así como el diputado priista Antonio Tarek Abdalá son los responsables, ya que ellos ordenaron la compra-venta, además de que, dijo, nunca le indicaron que la casa que le dieron fue pagada por una empresa fachada.
También acusó que Javier Duarte le entregó 1.5 millones de pesos en efectivo, a través de Antonio Tarek Abdalá, para que adquiriera los terrenos contiguos a la casa que estaba a su nombre.
En su declaración, Xóchitl Tress también admitió haber viajado en varias ocasiones en la aeronave del Gobierno de Veracruz en vuelos a Cancún y que el exgobernador Javier Duarte era el responsable de autorizar dichos viajes.
¿Por qué puede salir libre Xóchitl Tress?
En el nuevo Sistema de Justicia Penal existe el recurso denominado como Procedimiento abreviado, que significa que un acusado acepta declararse culpable de lo que te imputan a cambio de que se le imponga una pena que no sea tan alta.
Xóchitl Tress habló con la Fiscalía de Veracruz y reveló estar dispuesta a declararse culpable de enriquecimiento ilícito, ya que, dijo, fue engañada.
La Fiscalía de Veracruz aceptó el acuerdo con Tress Rodríguez, por lo que solicitó una audiencia de procedimiento abreviado para la tarde del viernes 4 de agosto, en la que la exfuncionaria se declaró culpable y aceptó colaborar con las autoridades en las investigaciones.
El juez validó la declaración y le impuso la pena de tres años de prisión, tras considerar que Tress Rodríguez aceptó su culpabilidad y se dijo dispuesta a ayudar en las investigaciones.
Al ser una pena menor de cinco años, los abogados de Xóchitl Tress pueden solicitar que se cambie por una condena alternativa, como: una fianza, que la exfuncionaria acuda a firmar cada semana al reclusorio, entre otras medidas.
Los abogados de la exfuncionaria solicitarán que se conmute la pena este sábado 5 de agosto, por lo que será cuestión de horas para que Xóchitl Tress quede en libertad.
Tress fue detenida el pasado 31 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, con base en una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

Fuente: Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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