Política

Si es narco, presidente filipino ordena matar a su hijo

El presidente filipino Rodrigo Duterte ordenó a la policía matar a todo involucrado en el tráfico de drogas, incluido a su propio hijo Paolo.

Lo anterior si se confirman las acusaciones en su contra de que está involucrado con el narcotráfico.

«Mi orden fue: si alguno de mis hijos está (involucrado) en las drogas, mátenlo, así la gente no puede decir nada en mi contra”, afirmó ante las acusaciones del senador filipino Antonio Trillanes IV de que el hijo mayor del presidente formaba parte de una banda que trafica drogas.

El hijo mayor del presidente compareció a principios de mes ante una comisión de investigación del Senado para explicar las acusaciones hechas por el legislador Trillanes.

En una reunión con funcionarios de gobierno en la sede de la Presidencia, Duterte señaló que su lucha contra las drogas sigue firme y acabará con cualquiera que esté involucrado, incluso contra su hijo Paolo, vicealcalde de la ciudad de Davao, si se confirma que está involucrado con drogas.

El mandatario filipino, quien desde su llegada al poder en junio de 2016 emprendió una dura campaña antidroga, que ha dejado miles de muertos, reveló que incluso le había informado a su hijo sobre la orden de matarlo que dio a la Policía Nacional Filipina (PAN, por sus siglas en inglés).

Le dije a Pulong: Mi orden es matarte si eres atrapado, y yo protegeré al policía que te mate, si es verdad «, indicó Duterte en referencia al sobrenombre con que es conocido su hijo, según un reporte de la edición web del diario Inquirer.

Paolo Duterte, así como el yerno del presidente, el abogado Manases Carpio, son acusado de mantener vínculos con una red transnacional china que trafica metanfetamina cristalina a través de la Oficina de Aduanas de Filipinas.

Ambos han negado las acusaciones, alegando que son infundadas y basadas en rumores.

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.