El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que el organismo regulador del sector de telecomunicaciones controlará las redes sociales con una severidad semejante a la que ha mostrado desde hace casi dos décadas con las estaciones de radio y televisión del país.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) buscará controlar e impedir las intenciones de “sembrar el odio” en las redes sociales usando instrumentos tecnológicos que no precisó.
El anuncio se produjo luego de una reunión para promover la llamada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” promulgada la semana pasada mediante un decreto-ley de la Asamblea Constituyente, la cual está integrada en su totalidad por aliados del presidente Maduro y que la oposición considera ilegítima.
Cabe resaltar, que la ley fue solicitada por el mandatario para poner fin a los supuestos mensajes de odio, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen los adversarios del gobierno.
Maduro sostiene que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos en todo el país.
Los partidos opositores, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, rechazó la ley después de su promulgación la semana pasada, y afirmó que los aliados del gobierno “buscan generar miedo, quieren castigar al venezolano por decir lo que piensa, por denunciar los abusos, las violaciones a los derechos humanos. Eso no es promover el odio”.
La Conatel tiene un control muy estricto sobre los medios de comunicación radioeléctricos en comparación con otros países.
Como parte de sus atribuciones, ha ordenado la suspensión y la aplicación de multas millonarias a medios a los que ha acusado de emitir mensajes que incitan o promueven el odio, o llaman al desconocimiento de las autoridades. En la mayoría de esos casos ha responsabilizado directamente a los propietarios de los medios por los comentarios hechos por los entrevistados en distintos programas de opinión.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, resaltó que la ley pretende desincentivar cualquier práctica de intolerancia.
La ley contempla penas de hasta 20 años de cárcel, y fija multas para los responsables jurídicos de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas los referidos mensajes.
También señala que cualquier medio de radio y televisión que difunda mensajes que _según las autoridades_ constituyan propaganda a favor del odio racial, religioso o político, entre otros, será sancionado con la revocación de su concesión.
