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INE multa por 560.8 millones de pesos a partidos políticos

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 560.8 millones de pesos a los nueve partidos nacionales y 32 locales por irregularidades detectadas durante la fiscalización a los recursos ejercidos durante 2016.

Las sanciones sufrieron una rebaja sustancial, pues los consejeros determinaron “amonestar” el registro extemporáneo de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).En la creación del SIF los consejeros habían considerado indispensable el reporte de operaciones “en tiempo real“, con el objetivo de evitar las dobles contabilidades y estrategias financieras.

De acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, ese incumplimiento es una falta sustantiva que se multa, pues impide verificar el origen, manejo y destino de recursos oportunamente. Pero este miércoles la mayoría de los consejeros determinó no imponer multas por esa falta.

De hacerlo, las sanciones se habrían incrementado en 84.26 millones de pesos, sólo para PAN, PRD y Morena, los “más beneficiados”, según alertó el PRI, cuyo representante, Alejandro Muñoz, cuestionó que se aliente el incumplimiento.

El nuevo criterio habría permitido al PAN un descuento de 40 millones de pesos en sanciones, al PRD 24.61 millones y a Morena 19.65 millones, aunque en realidad todas las fuerzas políticas se beneficiaron.

Así, el partido con más multas fue el PRI, con 103.6 millones de pesos, tanto a nivel nacional como en sus comités estatales.

El PT fue castigado con 98.5 millones de pesos; Morena, 97.4 millones; el PRD, 77.5 millones; el PAN, 67.84 millones; Movimiento Ciudadano, 29.2 millones, y Encuentro Social 29.1 millones.

En el caso del Partido Verde, recibió por sanción 20.3 millones de pesos y el Panal, con 15.6 millones, fue el menos sancionado.

En tanto, 32 partidos locales en 15 estados ameritaron sanciones de 21.4 millones de pesos.

En la sesión el Instituto Nacional Electoral rechazó investigar los viajes de los dirigentes partidistas —en particular del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador— y las fundaciones y organizaciones adherentes de los partidos.

Las anomalías
Aunque en la sesión del INE los consejeros minimizaron la gravedad de las faltas y montos involucrados detectados, una de las anomalías fue la resistencia a realizar los pagos pendientes al fisco y a enterar al IMSS e Infonavit los recursos descontados a los trabajadores.

Por esos conceptos, los partidos tendrían pendientes de 363 millones de pesos sólo por 2016, pues aún adeudan pagos que arrastran desde 2015 por esos conceptos, por 180.9 millones de pesos.

Además, los partidos incurrieron en un subejercicio de 35 millones de pesos que en su conjunto debieron destinar a actividades específicas (educación, investigación socioeconómica).

También dejaron de destinar 24 millones de pesos que por ley están obligados a destinar para liderazgo político de las mujeres, aunque sí dedicaron a ese objetivo 191 millones de pesos. Se rechazó la propuesta de que, además de multa, se abriera un periodo de seis meses para que se ejerciera ese gasto.

La revisión arrojó que los partidos no presentaron comprobaciones o gastaron en cosas que no tienen fin partidista 155.3 millones de pesos. “Así, 98 de cada 100 pesos son debidamente comprobados”, dijo el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Destacó que a nivel nacional y local los partidos ejercieron el año pasado 8 mil 580 millones de pesos, y de ellos 94.7 fueron de financiamiento público.

De acuerdo con lo aprobado, sólo 5% de lo que ejercieron fue de financiamiento privado, como lo son las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, por lo que “es insostenible al calor de la contienda que se avecina, decir que los partidos pueden subsistir sólo con financiamiento privado”.- Carina García

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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