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EU aplica sanciones a consuegro de «El Chapo”

Washington– El Departamento del Tesoro de EU designó “narcotraficante significativo” a Víctor Manuel Félix Félix, presunto lavador de dinero y traficante de drogas del cártel de Sinaloa, quien es suegro de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán Loera.

“Al exponer a otros integrantes de la familia y socios del cártel de Sinaloa se fortalecen los esfuerzos del Departamento del Tesoro por desmantelar las actividades de tráfico de drogas de El Chapo Guzmán”, señaló Adam J. Szubin, director del Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

La designación del gobierno de Barack Obama contra Félix Félix sostiene que el consuegro de “El Chapo” Guzmán es la cabeza de una organización de lavado de dinero y tráfico de drogas con sede en Guadalajara y la Ciudad de México.

Además del suegro del hijo del jefe del cártel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro por medio de OFAC también designó “narcotraficantes significativos” a Jorge Guillermo González Cárdenas, Óscar Domínguez Villa Díaz, Rigoberto Díaz Paniagua y Gabriela Vázquez Villavicencio, por su presunta participación en las actividades de lavado de dinero y trasiego de estupefacientes.

En mayo del año pasado la Corte Federal del Distrito Sur, en el estado de California, develó un encauzamiento judicial en contra de Félix Félix y los miembros de su organización, en la que se le acusa formalmente de los delitos de lavado de dinero y tráfico de enervantes a los Estados Unidos.

Por medio de las investigaciones de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a Félix Félix se le acusa de traficar “toneladas de cocaína en Ecuador y México”, y de lavar “millones de dólares estadunidenses y canadienses por medio del sistema financiero internacional”.

En marzo del año pasado autoridades mexicanas y ecuatorianas, en colaboración con la DEA, arrestaron a Félix Félix y a varios miembros de su organización, a quienes les confiscaron cuatro toneladas de cocaína.

La designación del consuegro del “Chapo” Guzmán forma parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia del gobierno de Obama, para sustentar el pedido que hicieron al gobierno mexicano de extraditar a Félix Félix.

“El Departamento del Tesoro aplaude los trabajos que han tomado las autoridades estadunidenses y de otros países, en contra de la organización de lavado de dinero y de trafico de drogas de Félix Félix”, agregó Szubin.

Bajo la designación que emitió el Departamento del Tesoro al consuegro de “El Chapo” y a las otras cuatro personas, los afectados quedan sujetos a la confiscación de todos los bienes y congelación de cuentas bancarias que tengan en Estados Unidos, en otros territorios sujetos a la jurisdicción de este país.

A las ciudades estadunidenses o entidades de este país se le prohíbe tener cualquier relación personal o empresarial con todas las personas designadas como narcotraficantes significativos.

La violación a esta norma implica multas de esta un millón 75 mil dólares y hasta 10 años de prisión. Bajo el código criminal los funcionarios de una corporación que violen esta ley, podrían quedar sujetos a multas de hasta 5 millones y recibir una sentencia de hasta 30 años de cárcel. Para el caso de las corporaciones la multa puede ser de hasta 10 millones de cárcel. 

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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