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El Supremo de México admite a trámite el recurso presentado contra la Ley de Seguridad

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El Tribunal Supremo de México ha admitido este viernes a trámite el recurso constitucional presentado por el presidente municipal del municipio de San Pedro de Cholula, José Juan Espinosa Torres, contra la controvertida Ley de Seguridad Interior, que amplía el papel de las Fuerzas Armadas y permite su despliegue para la realización de tareas de seguridad ciudadana.

Espinosa ha confirmado que el Ayuntamiento ha interpuesto una «controversia constitucional» contra los artículos 2, 6 y 11 de la normativa por atentar contra la autonomía de los municipios, que queda recogida en el artículo 115 de la Carta Magna mexicana.

Asimismo, ha descartado que el recurso legal tenga fines electorales y ha asegurado que la solo trata de evitar que la Policía Municipal sea sustituida por efectivos del Ejército, según ha recogido el diario local ‘El Sol de México’.

El presidente del Supremo, Luis María Aguilar Morales, ha ordenado que se forme y registre el expediente sobre el recurso interpuesto por el municipio de San Pedro de Cholula contra el decreto por el que entró en vigor la citada ley.

La ley, que entró en vigor a finales de diciembre, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. El presidente del país, Enrique Peña Nieto, señaló entonces que cualquier recurso contra la normativa es bienvenido.

A finales del año 2006, el entonces presidente, Felipe Calderón, desplegó decenas de miles de militares en algunos de los puntos más violentos del país para combatir los cárteles de la droga. Sin embargo, en lugar de contenerse, muchos grupos terminaron fragmentados o incurriendo en otros delitos.

La ley responde a la solicitud del Ejército para regular sus operaciones y fija un mecanismo para la disposición de fechas de regreso a los cuarteles.

México

Amplio respaldo empresarial y estatal al T-MEC en consultas para su revisión

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El 84 por ciento del sector productivo en México respalda la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha contribuido a fortalecer la inversión, la integración productiva y las cadenas regionales de valor. Así lo revelan los resultados de las consultas públicas realizadas en el país con motivo de la próxima revisión del acuerdo comercial.

Durante la presentación del informe Resultados de las Mesas de Consulta Pública, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el consenso nacional apunta a preservar el tratado, al señalar que sus efectos han sido positivos para la economía mexicana.

De acuerdo con el documento, el respaldo alcanza 84 por ciento cuando se mide por sector productivo y 75.9 por ciento al analizarlo por entidades federativas. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez, señaló que existen pocos temas en el país que generen un nivel de acuerdo similar.

Aunque el apoyo es mayoritario, tanto empresarios como gobiernos estatales identificaron diversos puntos que consideran relevantes rumbo al proceso de revisión del tratado. Entre los principales señalamientos se encuentran los aranceles aplicados de manera unilateral por Estados Unidos bajo disposiciones como las secciones 232 y 301, así como asimetrías en el mecanismo laboral y los altos costos de certificación que enfrentan exportadores, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas.

El titular de Economía también rechazó la posibilidad de establecer revisiones anuales del acuerdo. Advirtió que introducir este tipo de mecanismos podría generar incertidumbre estructural y afectar la competitividad de la región de Norteamérica frente a otras economías, especialmente en Asia.

El informe destaca como principales ventajas del T-MEC la certidumbre jurídica para los inversionistas, la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de la plataforma productiva regional.

No obstante, el análisis también señala retos pendientes, entre ellos la saturación en cruces fronterizos, casos de competencia desleal, prácticas de triangulación comercial y rezagos en infraestructura energética y logística.

En términos generales, la postura predominante entre los participantes de las consultas es mantener el tratado y enfocar los esfuerzos en mejorar su implementación, sin modificar de fondo los capítulos que integran el acuerdo comercial.

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