Opinión
LOS PENDIENTES DE EPN. 1ª DE DOS PARTES Por Luis Villegas
Yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Es decir, tanto criticaron los priístas a los últimos dos presidentes, el anterior y el actual, que yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Basta con que se ponga a hacer lo que -se dice- los otros dos no hicieron y deje intacto lo que sí hicieron bien, para que el país salga adelante.
Hagamos lo que cualquier pollo (que honradamente se precie de serlo) haría: Ir al grano. Hace unos pocos días, con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en la autorizada voz de la flamante Diputada Paulina Alejandra del Moral, el PRI cuestionó los resultados de la política económica de Felipe Calderón, preguntándose: “¿Quién podría sentirse orgulloso, satisfecho o triunfalista de dejar un país de pobres?”. Me imagino en primer lugar que, al decirlo, doña Paulina tenía en mente el país de ricos que dejaron Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel De la Madrid, José López Portillo o Luis Echeverría. Ironías aparte, es claro que el de la pobreza es una de las grandes cuestiones de este país. Sin ánimo de repartir culpas -pues con toda honestidad creo que este problema atañe a los 75 años de PRI y a los 12 años de PAN-, lo cierto es que es preciso hacer un balance, a partir de este punto y de esta hora, para determinar qué es lo que falta por hacer y qué es lo que debe continuar haciéndose.
Partamos de que solamente los ignorantes o malintencionados no ven lo evidente: Felipe Calderón realizó una excelente gestión financiera. Precisamente a unos días del citado VI Informe de Gobierno, el sector empresarial de nuestro país calificó la administración calderonista como de “claroscuros”. El saldo negativo, en opinión de la cúpula empresarial mexicana, es que el PAN no logró una ruptura definitiva con “la cultura de la corrupción e impunidad” ni logró superar la tendencia política de “parálisis, confrontación y dispersión del poder, no siempre acompañada de responsabilidad de las partes entre los distintos poderes y niveles de gobierno”; los logros los resume diciendo que, sin embargo, se reconoce la lucha contra la delincuencia organizada y “la fortaleza de la macroeconomía mexicana”.2
Aunque se diga por ahí -y con razón- que esas finanzas macroeconómicas no se reflejan en “los bolsillos de la gente”, lo cierto es que esa expresión es hasta cierto punto tendenciosa por corta, por mocha, porque prescinde de dos datos fundamentales relativos al entorno financiero: El ámbito internacional y la situación previa del país (los últimos cuatro sexenios).
Respecto del entorno supranacional, tenemos que Banco Mundial elaboró un reporte que contiene algunos indicadores útiles para centrar el tema; es válido afirmar que en 2009 la economía mexicana entró en recesión, lo que sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas (adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008), lo que arroja un total de 54.8 millones de mexicanos en esa condición. Sin embargo, el mismo organismo “indicó que la crisis de este año, que interrumpió un lustro de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, provocó un aumento de 8.3 millones de pobres en la región”.3 Es decir, para este organismo, los índices de pobreza en México (y Latinoamérica) son producto de la crisis económica mundial que inició en la última parte de la década pasada. En ese sentido, la gestión del Presidente Felipe Calderón es admirable pues, inmersos en una de las peores crisis mundiales, la economía mexicana no se desplomó como ocurrió, por ejemplo, en 1994.
Lo que nos lleva directamente a lo afirmado en párrafos de antelación: La situación previa del país: 2008 nos encontró con una pobreza patrimonial de 47.7%; y el 2010, con una de 51.3%, cierto; pero 1996 (exactamente dos años después del fatídico 1994) nos halló con una pobreza patrimonial del 69.0%; y 1998 con una del 63.7%;4 y conste que no hablamos de una crisis de proporciones mundiales; esa fue la secuela del célebre “error de diciembre” o, dicho de otro modo, de las mentiras, corrupción y estupidez del Presidente Carlos Salinas de Gortari.5 En cuanto a la pobreza de capacidades y la pobreza alimentaria las cifras no solo no mejoran, empeoran. En 2008 la pobreza alimentaria alcanzó una cifra equivalente al 18.4% y el 2010, una de 18.8%; empero en 1994 este porcentaje fue de 37.4%; ¡en 1996, de 37.4! y para 1998 había descendido apenas 4 puntos: 33.3%. Es decir, dos años después de 1994 el índice de pobreza alimentaria era de casi el doble que en la actualidad.
En ese entorno mundial -y nacional-, entonces, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los que México se sitúa como uno de los más desiguales con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica respecto a 10% de la población más pobre.6
Vamos, pero lo anterior lo escribí solamente con el propósito de ser justo con Enrique Peña Nieto. Para que no se piense ni se diga luego que ando de hablador. Le recuerdo a mi apreciable lector, a mi querida lectora, por si fuera el caso de que se les hubiera “pelado el gallo”, que empecé estas líneas afirmando que ese mismo don Enrique lo tiene fácil. Quiere decir que con finanzas sanas (o como quien dice, los cimientos de la construcción), puede ya empezar a construir ese edificio de prosperidad y de bonanza que nos prometió en campaña.
De manera expresa, aunque sin decir el cómo, en materia de pobreza Enrique Peña Nieto hizo 15 compromisos: Erradicar la pobreza alimentaria, para que todo mexicano tenga lo suficiente para comer (1); el programa «Oportunidades» continuará y crecerá (2); incrementar la producción agropecuaria nacional (3); seguro de vida para jefas de familia (4); seguro de desempleo temporal (5); pensión alimentaria para los mexicanos de 65 años en adelante (6); establecer los vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (7); armonizar las normativas mexicanas relativas personas con discapacidad (8); adecuar instalaciones de escuelas públicas para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza aprendizaje (9); incrementar el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad y vigilar su correcta aplicación (10); apoyar la adquisición de equipos para niños con discapacidad (11); fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las empresas al contratar personas con discapacidad (12); laptops con Internet adaptadas para alumnos con discapacidad, de escuelas públicas que cursen 5° y 6° año de primaria (13); promover el respeto y la inclusión (14) y compromiso con la economía familiar (15).7
Continuará…
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
Nota suscrita por Roberto Garduño y Enrique Méndez, publicada el 7 de septiembre de 2012, por el periódico La Jornada con el título: “Quién puede sentirse orgulloso de dejar un país de pobres, cuestiona el PRI”.
2 Nota suscrita por Lilia González, publicada el 28 de agosto de 2012, por el periódico El Economista con el título: “CCE ve claroscuros en el sexenio”.
3 Nota suscrita por Roberto González Amador, publicada el jueves 20 de agosto de 2009, por el periódico La Jornada con el título: “Existen en México 54.8 millones de pobres, 51% de la población”.
4 Con información del Banco Mundial y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
5 Ibidem.
6 Nota suscrita por Ixel Yutzil González, publicada el martes 6 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal con el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”.
7 Visible en el sitio: http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/un-mexico-incluyente-y-sin-pobreza
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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