Opinión
LOS PENDIENTES DE EPN. 1ª DE DOS PARTES Por Luis Villegas
Published
hace 14 añoson
Yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Es decir, tanto criticaron los priístas a los últimos dos presidentes, el anterior y el actual, que yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Basta con que se ponga a hacer lo que -se dice- los otros dos no hicieron y deje intacto lo que sí hicieron bien, para que el país salga adelante.
Hagamos lo que cualquier pollo (que honradamente se precie de serlo) haría: Ir al grano. Hace unos pocos días, con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en la autorizada voz de la flamante Diputada Paulina Alejandra del Moral, el PRI cuestionó los resultados de la política económica de Felipe Calderón, preguntándose: “¿Quién podría sentirse orgulloso, satisfecho o triunfalista de dejar un país de pobres?”. Me imagino en primer lugar que, al decirlo, doña Paulina tenía en mente el país de ricos que dejaron Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel De la Madrid, José López Portillo o Luis Echeverría. Ironías aparte, es claro que el de la pobreza es una de las grandes cuestiones de este país. Sin ánimo de repartir culpas -pues con toda honestidad creo que este problema atañe a los 75 años de PRI y a los 12 años de PAN-, lo cierto es que es preciso hacer un balance, a partir de este punto y de esta hora, para determinar qué es lo que falta por hacer y qué es lo que debe continuar haciéndose.
Partamos de que solamente los ignorantes o malintencionados no ven lo evidente: Felipe Calderón realizó una excelente gestión financiera. Precisamente a unos días del citado VI Informe de Gobierno, el sector empresarial de nuestro país calificó la administración calderonista como de “claroscuros”. El saldo negativo, en opinión de la cúpula empresarial mexicana, es que el PAN no logró una ruptura definitiva con “la cultura de la corrupción e impunidad” ni logró superar la tendencia política de “parálisis, confrontación y dispersión del poder, no siempre acompañada de responsabilidad de las partes entre los distintos poderes y niveles de gobierno”; los logros los resume diciendo que, sin embargo, se reconoce la lucha contra la delincuencia organizada y “la fortaleza de la macroeconomía mexicana”.2
Aunque se diga por ahí -y con razón- que esas finanzas macroeconómicas no se reflejan en “los bolsillos de la gente”, lo cierto es que esa expresión es hasta cierto punto tendenciosa por corta, por mocha, porque prescinde de dos datos fundamentales relativos al entorno financiero: El ámbito internacional y la situación previa del país (los últimos cuatro sexenios).
Respecto del entorno supranacional, tenemos que Banco Mundial elaboró un reporte que contiene algunos indicadores útiles para centrar el tema; es válido afirmar que en 2009 la economía mexicana entró en recesión, lo que sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas (adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008), lo que arroja un total de 54.8 millones de mexicanos en esa condición. Sin embargo, el mismo organismo “indicó que la crisis de este año, que interrumpió un lustro de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, provocó un aumento de 8.3 millones de pobres en la región”.3 Es decir, para este organismo, los índices de pobreza en México (y Latinoamérica) son producto de la crisis económica mundial que inició en la última parte de la década pasada. En ese sentido, la gestión del Presidente Felipe Calderón es admirable pues, inmersos en una de las peores crisis mundiales, la economía mexicana no se desplomó como ocurrió, por ejemplo, en 1994.
Lo que nos lleva directamente a lo afirmado en párrafos de antelación: La situación previa del país: 2008 nos encontró con una pobreza patrimonial de 47.7%; y el 2010, con una de 51.3%, cierto; pero 1996 (exactamente dos años después del fatídico 1994) nos halló con una pobreza patrimonial del 69.0%; y 1998 con una del 63.7%;4 y conste que no hablamos de una crisis de proporciones mundiales; esa fue la secuela del célebre “error de diciembre” o, dicho de otro modo, de las mentiras, corrupción y estupidez del Presidente Carlos Salinas de Gortari.5 En cuanto a la pobreza de capacidades y la pobreza alimentaria las cifras no solo no mejoran, empeoran. En 2008 la pobreza alimentaria alcanzó una cifra equivalente al 18.4% y el 2010, una de 18.8%; empero en 1994 este porcentaje fue de 37.4%; ¡en 1996, de 37.4! y para 1998 había descendido apenas 4 puntos: 33.3%. Es decir, dos años después de 1994 el índice de pobreza alimentaria era de casi el doble que en la actualidad.
En ese entorno mundial -y nacional-, entonces, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los que México se sitúa como uno de los más desiguales con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica respecto a 10% de la población más pobre.6
Vamos, pero lo anterior lo escribí solamente con el propósito de ser justo con Enrique Peña Nieto. Para que no se piense ni se diga luego que ando de hablador. Le recuerdo a mi apreciable lector, a mi querida lectora, por si fuera el caso de que se les hubiera “pelado el gallo”, que empecé estas líneas afirmando que ese mismo don Enrique lo tiene fácil. Quiere decir que con finanzas sanas (o como quien dice, los cimientos de la construcción), puede ya empezar a construir ese edificio de prosperidad y de bonanza que nos prometió en campaña.
De manera expresa, aunque sin decir el cómo, en materia de pobreza Enrique Peña Nieto hizo 15 compromisos: Erradicar la pobreza alimentaria, para que todo mexicano tenga lo suficiente para comer (1); el programa «Oportunidades» continuará y crecerá (2); incrementar la producción agropecuaria nacional (3); seguro de vida para jefas de familia (4); seguro de desempleo temporal (5); pensión alimentaria para los mexicanos de 65 años en adelante (6); establecer los vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (7); armonizar las normativas mexicanas relativas personas con discapacidad (8); adecuar instalaciones de escuelas públicas para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza aprendizaje (9); incrementar el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad y vigilar su correcta aplicación (10); apoyar la adquisición de equipos para niños con discapacidad (11); fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las empresas al contratar personas con discapacidad (12); laptops con Internet adaptadas para alumnos con discapacidad, de escuelas públicas que cursen 5° y 6° año de primaria (13); promover el respeto y la inclusión (14) y compromiso con la economía familiar (15).7
Continuará…
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
Nota suscrita por Roberto Garduño y Enrique Méndez, publicada el 7 de septiembre de 2012, por el periódico La Jornada con el título: “Quién puede sentirse orgulloso de dejar un país de pobres, cuestiona el PRI”.
2 Nota suscrita por Lilia González, publicada el 28 de agosto de 2012, por el periódico El Economista con el título: “CCE ve claroscuros en el sexenio”.
3 Nota suscrita por Roberto González Amador, publicada el jueves 20 de agosto de 2009, por el periódico La Jornada con el título: “Existen en México 54.8 millones de pobres, 51% de la población”.
4 Con información del Banco Mundial y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
5 Ibidem.
6 Nota suscrita por Ixel Yutzil González, publicada el martes 6 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal con el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”.
7 Visible en el sitio: http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/un-mexico-incluyente-y-sin-pobreza
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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