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Opinión

LOS PENDIENTES DE EPN. 1ª DE DOS PARTES Por Luis Villegas

Yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Es decir, tanto criticaron los priístas a los últimos dos presidentes, el anterior y el actual, que yo digo que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Basta con que se ponga a hacer lo que -se dice- los otros dos no hicieron y deje intacto lo que sí hicieron bien, para que el país salga adelante.

Hagamos lo que cualquier pollo (que honradamente se precie de serlo) haría: Ir al grano. Hace unos pocos días, con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en la autorizada voz de la flamante Diputada Paulina Alejandra del Moral, el PRI cuestionó los resultados de la política económica de Felipe Calderón, preguntándose: “¿Quién podría sentirse orgulloso, satisfecho o triunfalista de dejar un país de pobres?”. Me imagino en primer lugar que, al decirlo, doña Paulina tenía en mente el país de ricos que dejaron Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel De la Madrid, José López Portillo o Luis Echeverría. Ironías aparte, es claro que el de la pobreza es una de las grandes cuestiones de este país. Sin ánimo de repartir culpas -pues con toda honestidad creo que este problema atañe a los 75 años de PRI y a los 12 años de PAN-, lo cierto es que es preciso hacer un balance, a partir de este punto y de esta hora, para determinar qué es lo que falta por hacer y qué es lo que debe continuar haciéndose.

Partamos de que solamente los ignorantes o malintencionados no ven lo evidente: Felipe Calderón realizó una excelente gestión financiera. Precisamente a unos días del citado VI Informe de Gobierno, el sector empresarial de nuestro país calificó la administración calderonista como de “claroscuros”. El saldo negativo, en opinión de la cúpula empresarial mexicana, es que el PAN no logró una ruptura definitiva con “la cultura de la corrupción e impunidad” ni logró superar la tendencia política de “parálisis, confrontación y dispersión del poder, no siempre acompañada de responsabilidad de las partes entre los distintos poderes y niveles de gobierno”; los logros los resume diciendo que, sin embargo, se reconoce la lucha contra la delincuencia organizada y “la fortaleza de la macroeconomía mexicana”.2

Aunque se diga por ahí -y con razón- que esas finanzas macroeconómicas no se reflejan en “los bolsillos de la gente”, lo cierto es que esa expresión es hasta cierto punto tendenciosa por corta, por mocha, porque prescinde de dos datos fundamentales relativos al entorno financiero: El ámbito internacional y la situación previa del país (los últimos cuatro sexenios).

Respecto del entorno supranacional, tenemos que Banco Mundial elaboró un reporte que contiene algunos indicadores útiles para centrar el tema; es válido afirmar que en 2009 la economía mexicana entró en recesión, lo que sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas (adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008), lo que arroja un total de 54.8 millones de mexicanos en esa condición. Sin embargo, el mismo organismo “indicó que la crisis de este año, que interrumpió un lustro de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, provocó un aumento de 8.3 millones de pobres en la región”.3 Es decir, para este organismo, los índices de pobreza en México (y Latinoamérica) son producto de la crisis económica mundial que inició en la última parte de la década pasada. En ese sentido, la gestión del Presidente Felipe Calderón es admirable pues, inmersos en una de las peores crisis mundiales, la economía mexicana no se desplomó como ocurrió, por ejemplo, en 1994.

Lo que nos lleva directamente a lo afirmado en párrafos de antelación: La situación previa del país: 2008 nos encontró con una pobreza patrimonial de 47.7%; y el 2010, con una de 51.3%, cierto; pero 1996 (exactamente dos años después del fatídico 1994) nos halló con una pobreza patrimonial del 69.0%; y 1998 con una del 63.7%;4 y conste que no hablamos de una crisis de proporciones mundiales; esa fue la secuela del célebre “error de diciembre” o, dicho de otro modo, de las mentiras, corrupción y estupidez del Presidente Carlos Salinas de Gortari.5 En cuanto a la pobreza de capacidades y la pobreza alimentaria las cifras no solo no mejoran, empeoran. En 2008 la pobreza alimentaria alcanzó una cifra equivalente al 18.4% y el 2010, una de 18.8%; empero en 1994 este porcentaje fue de 37.4%; ¡en 1996, de 37.4! y para 1998 había descendido apenas 4 puntos: 33.3%. Es decir, dos años después de 1994 el índice de pobreza alimentaria era de casi el doble que en la actualidad.

En ese entorno mundial -y nacional-, entonces, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los que México se sitúa como uno de los más desiguales con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica respecto a 10% de la población más pobre.6

Vamos, pero lo anterior lo escribí solamente con el propósito de ser justo con Enrique Peña Nieto. Para que no se piense ni se diga luego que ando de hablador. Le recuerdo a mi apreciable lector, a mi querida lectora, por si fuera el caso de que se les hubiera “pelado el gallo”, que empecé estas líneas afirmando que ese mismo don Enrique lo tiene fácil. Quiere decir que con finanzas sanas (o como quien dice, los cimientos de la construcción), puede ya empezar a construir ese edificio de prosperidad y de bonanza que nos prometió en campaña.

De manera expresa, aunque sin decir el cómo, en materia de pobreza Enrique Peña Nieto hizo 15 compromisos: Erradicar la pobreza alimentaria, para que todo mexicano tenga lo suficiente para comer (1); el programa «Oportunidades» continuará y crecerá (2); incrementar la producción agropecuaria nacional (3); seguro de vida para jefas de familia (4); seguro de desempleo temporal (5); pensión alimentaria para los mexicanos de 65 años en adelante (6); establecer los vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (7); armonizar las normativas mexicanas relativas personas con discapacidad (8); adecuar instalaciones de escuelas públicas para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza aprendizaje (9); incrementar el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad y vigilar su correcta aplicación (10); apoyar la adquisición de equipos para niños con discapacidad (11); fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las empresas al contratar personas con discapacidad (12); laptops con Internet adaptadas para alumnos con discapacidad, de escuelas públicas que cursen 5° y 6° año de primaria (13); promover el respeto y la inclusión (14) y compromiso con la economía familiar (15).7

Continuará…
Luis Villegas Montes.
luvimo6608@gmail.com, luvimo66_@hotmail.com

Nota suscrita por Roberto Garduño y Enrique Méndez, publicada el 7 de septiembre de 2012, por el periódico La Jornada con el título: “Quién puede sentirse orgulloso de dejar un país de pobres, cuestiona el PRI”.
2 Nota suscrita por Lilia González, publicada el 28 de agosto de 2012, por el periódico El Economista con el título: “CCE ve claroscuros en el sexenio”.
3 Nota suscrita por Roberto González Amador, publicada el jueves 20 de agosto de 2009, por el periódico La Jornada con el título: “Existen en México 54.8 millones de pobres, 51% de la población”.

4 Con información del Banco Mundial y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

5 Ibidem.

6 Nota suscrita por Ixel Yutzil González, publicada el martes 6 de diciembre de 2011, por el periódico El Universal con el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”.
7 Visible en el sitio: http://www.enriquepenanieto.com/compromisos-nacionales/compromiso/un-mexico-incluyente-y-sin-pobreza

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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