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México

Ricardo Anaya rechaza señalamientos sobre triangulación de recursos

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El precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que la Fundación por más Humanismo actuó apegada a derecho y sin fines de lucro y jamás recibió recursos públicos, como dio a conocer la revista Proceso.

«Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación», subrayó Anaya luego de que la citada revista diera a conocer que el aspirante utilizó a la fundación para triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.

El precandidato refirió que la fundación se constituyó, entre otros fines, para adquirir una propiedad y edificar en ella una sede propia del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, ya que el local que hasta entonces se utilizaba como sede era rentado.

A través de un comunicado difundido por el PAN indicó que más de un año después de haber constituido la asociación civil, y ya con esa fuerza política como oposición, se gestionaron diversos préstamos para adquirir un terreno para edificar la sede estatal panista, y se suscribió un contrato para iniciar la construcción.

Mencionó que a principios de 2009 fue nombrado responsable del proyecto para que Acción Nacional pudiera contar con una sede propia, y al momento de su separación de la citada fundación ésta contaba con activos y deudas prácticamente equivalentes.

«El único activo era el inmueble referido, que aún se encontraba en proceso de construcción, y los pasivos eran las deudas producto de los préstamos obtenidos para su edificación», afirmó el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente.

Abundó que al entrar en vigor la nueva Ley General de Partidos Políticos, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro pasó de recibir 5.9 millones de pesos en 2014, a 21 millones de pesos de financiamiento público local en 2015.

En ese nuevo contexto económico, la fundación y el PAN, ambos presididos por José Luis Báez Guerrero, decidieron comprar, con recursos del partido, un inmueble en una ubicación más próxima al centro de la ciudad de Querétaro.

Así como liquidar la fundación, toda vez que ya se había cumplido el objeto principal para el cual originalmente había sido creada: que el PAN contara con una sede propia.

Por ello, agregó, procedió a vender el único activo de la fundación (el inmueble inconcluso), y se pagaron todos los pasivos (deudas derivadas de la compra del terreno y la construcción).

Anaya Cortés aseveró que la fundación no aparece en su declaración 3 de 3 debido a que cuando ésta fue presentada, «ya había transcurrido más de un año y medio de mi separación de la mencionada asociación civil».

El aspirante presidencial aclaró que el terreno que compró la fundación se adquirió de un particular, que a su vez lo había comprado a un ejidatario, por lo que es falso que haya sido expropiado a instancias del gobierno panista.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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