Política

Propone PRI ‘prisión vitalicia’ para políticos corruptos

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRI) en la Cámara de Diputados, presentó en la Tribuna, una iniciativa de reforma constitucional, para que la sanción de prisión vitalicia no se considere “pena inusitada”, cuando se trate de enriquecimiento ilícito y delitos de corrupción.

El diputado Alejandro Domínguez señaló que el propósito de los cambios propuestos al artículo 22 constitucional, es penalizar de manera “ejemplar” a políticos y funcionarios públicos a quienes se compruebe se han enriquecido a costa el erario.

“Un funcionario público que gane 100 mil pesos, su salario es 100 mil entre 30, son cerca de tres mil 300 o tres mil 400 pesos diarios, lo multiplicas por cinco mil 600 en la Unidad de Medida y te da cerca de 20 millones de pesos el desvío de recursos, el ilícito. Cuando ese delito se cometa en ese monto y en esa cantidad, que sea prisión vitalicia. Debemos dar un mensaje claro a la corrupción, debemos de dar un mensaje claro hacia el futuro”, apuntó Domínguez Domínguez.

“Debemos también decirle al funcionario público que está pensando en eso que la sanción ha de ser ejemplar. Y reitero, no todos pueden ser tratados con el mismo rasero, si nosotros vivimos una circunstancia de señalamiento en temas de corrupción, debemos de dar el ejemplo: el llamado claro para que se establezca una sanción ejemplar, una sanción de a deveras como lo es la prisión vitalicia a quienes puedan cometer este tipo de actos”, refrendó,

Al aseverar que con ese tipo de medidas se combatirá en los hechos la corrupción, remarcó que ese fenómeno delictivo no es privativo de ningún partido político, sino que involucra a integrantes de distintas expresiones, distintos órdenes de gobierno y hasta candidatos independientes.

Manifestó que cuando fungió como diputado local por Chihuahua, en su entidad se aprobaron reformas penales, con el fin de imponer “prisión vitalicia” o cadena perpetua a los delitos de secuestro, extorsión y homicidios múltiples, que en consecuencia, disminuyeron su incidencia.

Tras indicar que la agenda política y social en el país está marcada por los temas de la inseguridad y la corrupción, el congresista subrayó que pensando “a futuro”, es preciso imponer penas severas a ese tipo de ilícitos, a través de modificaciones constitucionales y al Código Penal Federal.

Lo anterior, para sancionar el enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, el ejercicio abusivo de funciones públicas y la corrupción cometida por funcionarios públicos, con cadena perpetua.

Especificó que su propuesta prevé modificar el artículo 22 constitucional, para establecer que la prisión vitalicia no será considerada una “pena inusitada”, cuando el monto de los recursos en posesión de políticos y servidores públicos, supere por más de cinco mil veces los ingresos diarios.

Dijo que si “en el pasado” el PRI y el Gobierno Federal o servidores públicos de otros ordenes se vieron involucrados en enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, deben ser sancionados; pero el país también debe ver “a futuro”, porque actualmente el enriquecimiento ilícito sólo se penaliza con tres meses y hasta dos años de prisión; mientras que a quienes venden piratería en vía pública, se les aplican de seis meses a cinco años de prisión.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio y eventual dictaminación, remarcó.

Política

PAN rechaza propuesta de Brenda Ríos para aclarar en qué se gastó el aumento al ISN cobrado a empresarios

05 de noviembre de 2026. Con 14 votos en contra del PAN, PRI y MC, fue rechazada la propuesta de Morena para transparentar el destino de los recursos adicionales del Impuesto Sobre Nóminas.

Ningún diputado del PAN subió a tribuna para defender su postura ni explicar por qué votaría contra la solicitud de rendición de cuentas.

Chihuahua, Chih., 5 de noviembre de 2026. — La diputada de Morena, Brenda Ríos, cuestionó que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaran su propuesta para exigir al Gobierno del Estado un informe detallado sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el incremento al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasó del 3 al 4 por ciento, lo que representó un aumento del 33 por ciento en la tasa del impuesto que paga el empresariado chihuahuense.

Con 14 votos en contra del PAN, PRI y MC, frente a 11 votos a favor de Morena, el Congreso del Estado rechazó solicitar información sobre cuánto dinero adicional se ha recaudado, en qué obras se ha destinado, cuánto se ha contratado y pagado, y qué recursos permanecen pendientes de ejercer.

Durante la discusión, ningún diputado del PAN subió a tribuna para defender el sentido de su voto ni explicar las razones para rechazar la propuesta, pese a que esta buscaba garantizar transparencia sobre recursos provenientes de un esfuerzo fiscal adicional del sector empresarial.

“¿Qué pasó con el 33 por ciento adicional que el Gobierno del Estado le cobró al empresariado chihuahuense? Esa es una pregunta que hoy seguimos haciéndonos. Porque cuando se aprobó el incremento, el argumento fue que ese esfuerzo se destinaría exclusivamente a infraestructura y obra pública”, señaló Brenda Ríos desde tribuna.

La legisladora recordó que, en marzo de este año, la Secretaría de Hacienda presentó ante representantes de INDEX una relación de proyectos que serían financiados con dichos recursos, entre ellos pasos a desnivel, adecuaciones viales, la Deportiva Pistolas Meneses, el Teatro de los Héroes y una planta tratadora de aguas residuales.

Sin embargo, advirtió que “anunciar obras no es rendir cuentas”, por lo que su propuesta también buscaba esclarecer qué proyectos se están financiando con el incremento al ISN y cuáles con el crédito de 3 mil millones de pesos solicitado por el Gobierno estatal, así como la aportación de cada fuente de financiamiento.

Ríos sostuvo que el incremento representa un esfuerzo para las empresas chihuahuenses que generan empleos, sostienen familias y contribuyen al desarrollo económico del estado, por lo que consideró indispensable que el Gobierno explique cómo administra esos recursos.

“Desde Morena no estamos cuestionando la necesidad de invertir en infraestructura. Estamos exigiendo transparencia. Si el Gobierno le pidió un esfuerzo adicional al empresariado, tiene la obligación de demostrar en qué se está utilizando cada peso”, expresó.

Asimismo, recordó que el Congreso no puede limitar su responsabilidad a aprobar impuestos y endeudamiento, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer sus facultades de control y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos.

Antes de la votación, la diputada emplazó directamente a las bancadas del PAN a definir si respaldarían la transparencia o impedirían que el empresariado conociera el destino de los recursos adicionales que aporta al estado.

“Esta decisión no solamente la veremos quienes integramos este Congreso. También la verá la ciudadanía y, especialmente, el empresariado chihuahuense, que tiene todo el derecho de saber qué se está haciendo con los recursos que aporta”, manifestó.

Finalmente, Brenda Ríos lamentó que la mayoría legislativa rechazara una solicitud que únicamente buscaba obtener información pública sobre la recaudación y el ejercicio del impuesto.

“Que cada quien asuma su responsabilidad frente a quienes pagan este impuesto”, concluyó la legisladora, al reiterar que seguirá exigiendo transparencia sobre el destino de los recursos públicos de Chihuahua.