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Eligen presidente en Sudáfrica tras dimisión de Zuma

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Cyril Ramaphosa fue elegido este jueves presidente de Sudáfrica en una votación parlamentaria y se comprometió a hacer frente a una corrupción endémica luego de que Jacob Zuma, acosado por escándalos, dimitió obedeciendo órdenes del partido gobernante Congreso Nacional Africano (CNA).

Ramaphosa, quien se convirtió en jefe del CNA en diciembre, se enfrenta a un duro desafío para revitalizar el crecimiento de una nación aún polarizada por los conflictos raciales y la desigualdad, más de dos décadas después del fin del apartheid y del gobierno de una minoría blanca.

Aún así, la salida de Zuma del poder a última hora del miércoles mostró la fortaleza de las instituciones democráticas en Sudáfrica, desde los tribunales pasando por los medios y la Constitución.

En un breve discurso ante el Parlamento, en el que prometió «no decepcionar a los sudafricanos», Ramaphosa dijo que «los temas que tienen que ver con la corrupción… son temas que están en nuestro radar».

Ramaphosa, de 65 años, fue elegido sin oposición como el sucesor permanente de Zuma por el Parlamento, además de ser declarado debidamente electo por el presidente del máximo tribunal de Sudáfrica, Mogoeng Mogoeng.

El principal índice bursátil de Sudáfrica llegó a subir 5 por ciento y se encaminaba a su mayor avance diario en más de dos años, ya que los inversores recibieron con agrado la renuncia de Zuma después de nueve años en cargo, que estuvieron plagados de acusaciones de corrupción.

El rand, la moneda sudafricana que registró alzas cada vez que Zuma se veía envuelto en la turbulencia política, se disparó a un máximo de casi tres años contra el dólar tras la renuncia.

Zuma, de 75 años, dijo en un discurso de despedida de 30 minutos a la nación que no estaba de acuerdo con la forma en que el CNA lo había llevado a una salida anticipada después de que Ramaphosa lo reemplazó como presidente del partido, pero que aceptaría sus órdenes.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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