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Admite SCJN controversia de Corral contra Ley de Seguridad

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La controversia constitucional contra la Ley de Seguridad presentada por Javier Corral, gobernador de Chihuahua, fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que suman ya más de 10 impugnaciones por las violaciones inconstitucionales que presenta dicha ley.

Corral presentó su recurso el pasado lunes ante la SCJN argumentando que la Ley de Seguridad “vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas además de que ponen en riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia y el acceso a la información”.

El reclamo del mandatario giraba también en torno a las funciones que llevarían a cabo las fuerzas armadas, pues desde su punto de vista la puesta en marcha de la ley implicaría que éstas “lleven a cabo una función para la que no fueron creadas”.

Aparte de la presentada por el gobierno de Chihuahua, la SCJN recibió controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad de los municipios de Soltepec, Puebla, así como Morelia y Cherán, del estado de Michoacán. Pero sobre éstas no se ha dictado aún el acuerdo correspondiente.

Hasta ahora, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Diputados, Senadores, la CNDH y el INAI, así como diez controversias constitucionales promovidas por municipios de Puebla, Coahuila, Yucatán y el Estado de México, en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, han sido admitidas.

La Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017.

La única acción de inconstitucionalidad rechazada hasta el momento por la SCJN ha sido la interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano, bajo el argumento de que los partidos políticos solo pueden realizar este tipo de demandas para invalidar normas relacionadas con temas electorales.

Animal Político

México

Sheinbaum se reúne con la gobernadora general de Canadá y dialogan sobre pueblos indígenas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien tiene carácter de jefa de Estado, como parte de una visita oficial al país enfocada, principalmente, en el diálogo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La mandataria mexicana dio la bienvenida a Simon por la entrada destinada a jefes de Estado y la condujo al patio central de Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia oficial de recepción. Durante el acto protocolario se interpretaron los himnos nacionales de México y Canadá.

Horas antes del encuentro, Sheinbaum destacó que Mary Simon es la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá. Señaló que la visita tenía como propósito central el intercambio de experiencias y puntos de vista en torno a los derechos de los pueblos originarios.

Tras la ceremonia, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales para sostener una reunión privada, incluida en la agenda bilateral programada durante la estancia de la funcionaria canadiense en México.

La visita se desarrolla en un contexto de cooperación estrecha entre México y Canadá, países que mantienen una relación estratégica en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en distintos foros multilaterales y en temas de colaboración política, social y económica. En septiembre pasado, Sheinbaum también recibió en Palacio Nacional al primer ministro canadiense, Mark Carney.

El encuentro ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a delinear los temas que podrían revisarse dentro del acuerdo comercial, en un escenario marcado por tensiones relacionadas con medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocidas como nearshoring.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que no consideraba relevante el tratado comercial con México y Canadá. El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El acuerdo deberá ser revisado por los tres países en 2026 y cuenta con el respaldo expreso de México y Canadá, frente a las reservas manifestadas desde Washington.

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