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Ingresa mexicano a Consejo de Justicia y Paz del Vaticano

El Vaticano.- El Papa Benedicto XVI designó hoy al filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, director del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), como miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano.

La sala de prensa de la Sede Apostólica informó que Guerra fue incluido en una lista de 13 nuevos miembros y nueve consultores de ese organismo que se dedica, entre otras cosas, a promover -en el mundo- el magisterio de la Iglesia católica en materia social.

Guerra López es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y doctor en la misma disciplina por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein.

Realizó estudios en la Universidad Católica de Eichstatt (Alemania), obtuvo el postgrado en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en gestión integral de proyectos por Infinita S.C.

Entre otras cosas se desempeñó como coordinador de la maestría en filosofía de la UPAEP, coordinador académico del Instituto Superior de Estudios para la Familia (Ciudad de México), y como catedrático en las universidades Autónoma de Querétaro, Anáhuac y Panamericana.

El Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano es una de las secciones que apoyan al Papa en su labor de gobierno de la Iglesia universal. Cuenta con un presidente, un secretario y un subsecretario, todos eclesiásticos nombrados por el Papa.

Además está integrado por unas 40 personas, entre miembros y consultores, designados a título personal por el pontífice y cuyo cargo dura unos cinco años.

Provenientes de todos los continentes, los miembros se reunen regularmente en Roma en asamblea plenaria para contribuir, según sus diversas sensibilidades y sus trabajos pastorales o profesionales, a trazar las grandes líneas de la actividad del Consejo. 

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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