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Ingresa mexicano a Consejo de Justicia y Paz del Vaticano

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El Vaticano.- El Papa Benedicto XVI designó hoy al filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, director del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), como miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano.

La sala de prensa de la Sede Apostólica informó que Guerra fue incluido en una lista de 13 nuevos miembros y nueve consultores de ese organismo que se dedica, entre otras cosas, a promover -en el mundo- el magisterio de la Iglesia católica en materia social.

Guerra López es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y doctor en la misma disciplina por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein.

Realizó estudios en la Universidad Católica de Eichstatt (Alemania), obtuvo el postgrado en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en gestión integral de proyectos por Infinita S.C.

Entre otras cosas se desempeñó como coordinador de la maestría en filosofía de la UPAEP, coordinador académico del Instituto Superior de Estudios para la Familia (Ciudad de México), y como catedrático en las universidades Autónoma de Querétaro, Anáhuac y Panamericana.

El Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano es una de las secciones que apoyan al Papa en su labor de gobierno de la Iglesia universal. Cuenta con un presidente, un secretario y un subsecretario, todos eclesiásticos nombrados por el Papa.

Además está integrado por unas 40 personas, entre miembros y consultores, designados a título personal por el pontífice y cuyo cargo dura unos cinco años.

Provenientes de todos los continentes, los miembros se reunen regularmente en Roma en asamblea plenaria para contribuir, según sus diversas sensibilidades y sus trabajos pastorales o profesionales, a trazar las grandes líneas de la actividad del Consejo. 

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Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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