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Política

Por acusaciones de corrupción renuncia colaborador de Cabada

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El director de Desarrollo Social, Edgar Chávez Tarrio, solicitó licencia para separarse del cargo temporalmente en tanto se aclara la participación de su hermano en la licitación para adquirir 40 mil despensas, afirmó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.

La primer junta de aclaraciones de la licitación CA-OM-003-2018 se realizó el 16 de febrero y participaron las empresas que compraron las bases para participar; Ochoa Comercial, Compuplace, Mayoreo Garay, CNC Reciclyng y Ecoo Espacios Publicitarios, éstas dos últimas propiedad del hermano del director de Desarrollo Social, de acuerdo con datos de la Oficialía Mayor.

Las despensas que se están licitando son para entregar por la Dirección de Desarrollo Social a familias vulnerables.

Este día está programado emitir el fallo de la licitación, después de que el 22 de febrero se recibieron las propuestas de los participantes

La propuestas económicas que se presentaron en la junta del Comité de Adquisiciones, fueron las siguientes; Ecoo Espacios Publicitarios 133.21 pesos por despensa; CNC Reciclyng, 138.54 pesos; Compuplace, 143.86 y Mayoreo Garay, 156.56 pesos, en todos los casos sin IVA.

Sin embargo, se sacará del proceso a las compañías relacionadas con el director de Desarrollo Social, por conflicto de intereses, indicaron fuentes en el interior del Municipio, que solicitaron omitir su nombre porque no están autorizadas para proporcionar información.

Cabada afirmó ayer que solicitó al director de Desarrollo Social pedir licencia, “en tanto no aclaramos el tema de la licitación, quiero todo muy claro y transparente”.

El costo tope de las 40 mil despensas es de 5 millones de pesos, informó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Afirmó que de acuerdo con la ley de Adquisiciones, hay conflicto de intereses porque en la licitación participa un familiar del funcionario.

El artículo 42 de la ley de Adquisiciones, establece que “los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes:

quellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad, o para terceros…”.

 

Con informacion de El diario y Norte

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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