Un juez argentino elevó a juicio oral la causa que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.
Según informaron hoy fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la exjefa de Estado, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.
Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, el mayor que ha sufrido Argentina, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hezbolá.
El procurador creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado, que nunca entró en vigor, buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria siempre ha negado.
Bonadio atribuye a Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de «encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad».
«Se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)», remarca el dictamen del juez.
Según añade el texto, esa «maniobra» se realizó «en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado» y cuya finalidad era, «entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán».
El juez recuerda que esta «compleja maniobra» requirió de «canales paralelos y privados de comunicación y negociación», para lo que fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos «estrechamente vinculado» con funcionarios y exfuncionarios de los Gobiernos, que contribuyeron, «desde la informalidad», con las acciones necesarias para la concreción del plan.
Por esta causa, la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno, ya acudió a declarar como investigada el pasado 26 de octubre, y semanas después, Bonadio pidió al Senado que la despoje de sus fueros parlamentarios para poder ser enviada a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.