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Política

Justicia peruana acorrala a expresidente Kuczynski

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Un juez peruano prohibió el sábado salir del Perú por 18 meses al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras un grupo de fiscales anticorrupción allanaba sus dos casas en la capital.

Juan Sánchez, magistrado del primer juzgado de investigación, ordenó tras una sesión de poco más de una hora que Kuczynski permanezca en el territorio peruano tiempo en el cual será investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos ligados a la firma brasileña Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro, que lidera la investigación, dijo que existía «la sospecha criminal» que obligaba incorporar a Kuczynski como investigado.

Añadió que era necesario indagar si Kuczynski, mientras era un funcionario clave del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), favoreció a empresas ligadas a Odebrecht.

«El Perú desde siglo XIX asiste al triste espectáculo de que sus presidentes o expresidentes se van del país rehuyendo de la justicia u otros que retornan cuando el delito ha prescrito…esa es una razón histórica que los operadores de justicia tenemos que tomar en cuenta», añadió Castro.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, dijo brevemente que su patrocinado iba a aceptar el pedido del fiscal. El expresidente no asistió a la sesión.

Al mismo tiempo la fiscalía informó en su cuenta oficial de Twitter que dos fiscales anticorrupción ingresaron durante la mañana con una orden judicial a las dos casas del expresidente en Lima. Una en el barrio más rico de Lima y otra en una zona de campo en la zona sur de la capital.

Los allanamientos de los fiscales están vinculados a la investigación a la que ahora está sometido Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años.

El viernes el Congreso aceptó la renuncia de Kuczynski, quien dimitió acorralado por las acusaciones de sus nexos con la mencionada firma brasileña.

Kuczynski no podía ser investigado mientras era presidente, un cargo que ejerció por 20 meses desde el 28 de julio de 2016.
Las consecuencias del caso Odebrecht han provocado una ola de escándalos en Latinoamérica que han golpeado a las élites políticas.

En Perú los últimos cuatro presidentes desde 2001 están investigados: Ollanta Humala (2011-2016) está encarcelado y Alejandro Toledo (2001-2006) está fugado de la justicia.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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