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Pentágono no descarta represalias contra Siria por presunto ataque químico

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró este lunes que «no descarta» acciones militares contra de Siria tras las informaciones sobre el presunto ataque químico de este sábado en la ciudad siria de Duma atribuido a las tropas del presidente Bachar Al Asad.

«No descarto nada ahora mismo», dijo Mattis tras ser preguntado sobre posibles represalias militares contra el régimen de Al Asad en respuesta a lo sucedido en Duma, a las afueras de Damasco.

«Lo primero que tenemos que mirar es por qué hay armas químicas cuando Rusia fue quien avaló la retirada de todas ellas, y por ello con nuestros socios y aliados desde la OTAN a Catar y en otros lugares vamos a encarar este tema», agregó el jefe del Pentágono.

Las palabras de Mattis se producen después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, prometiera un «alto precio» a pagar para los responsables del ataque.

«Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Asad», dijo ayer domingo el mandatario en su cuenta de Twitter.

La Sociedad Médica Siria Americana (SAMS, por sus siglas en inglés) y la Defensa Civil Siria, ambas organizaciones apoyadas por Estados Unidos, aseguraron que al menos 42 personas fallecieron el sábado con síntomas de haber sufrido un ataque químico.

Ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con sustancias químicas y tanto Rusia como Damasco han negado que utilizara este tipo de armamento en Duma y han culpado al Ejército del Islam.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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