Esta propuesta avalada por la comisión de Justicia que va con referencia de agravar y de sancionar a quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en el Estado de Chihuahua, porque cuenta con dos implicaciones.

Este dictamen que emitiera la Comisión de Justicia, y el que establece que si el despojo se realiza por dos o más personas, además de las penas señaladas en el propio precepto, la penal aumentara de uno a seis años de prisión.

Los autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución de los hechos delictivos, además se les aplicaran de dos a siete años de prisión, lo cual recrudece las penas para estos personajes, como también para aquellos que realicen actos en contra de personas en situación de vulnerabilidad, en ese caso se incrementaran las penas de prisión hasta en una tercera adicional.

Señalo que la vivienda como política pública, es una actividad dinámica, la cual por su clara vinculación a los factores sociales y económicos, debe mantenerse en constante actualización, parte de esa política es contar con un adecuado marco jurídico que garantice no sólo el derecho social de acceso a una vivienda digna y decorosa, sino que el alcance y contenido de sus normas y principios, revistan de legalidad y seguridad jurídica para todos los chihuahuenses, en la protección del patrimonio de los chihuahuenses, por lo que se hacía necesario

Se recrudecen las penas en materia de despojo, buscando disminuir su incidencia.

Esta iniciativa de reforma fue propuesta por la Comisión Estatal de la Vivienda (COESVI) organismo que identificó una serie de áreas de oportunidad de mejora del marco regulatorio necesario para eficientar y fortalecer este organismo, precisamente derivado del fenómeno de despojo de que es víctima.