Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; además de negociar con los concesionarios la reducción de sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vez en su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citado con anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa -garantizar la libre competencia- generó una reducción ¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

En el 8º, debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1 La reforma al sector pasa, por fuerza, por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El 4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitió un Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo66_@hotmail.com

1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.

Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

1. En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; ademásde negociar con los concesionarios la reducciónde sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

2. En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

3. En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

4. En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

5. En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

6. En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vezen su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citadocon anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa –garantizar la libre competencia– generóuna reducción¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

7. En el 8º,debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.¹La reforma al sector pasa, por fuerza,por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

8. En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitióun Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.² En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);³ contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.⁴

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).⁵

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo66_@hotmail.com

¹ Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.² Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

³ Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

⁴ Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

⁵ Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.