Opinión
LOS PENDIENTES DE EPN (3/3) Por Luis Villegas
Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:
En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; además de negociar con los concesionarios la reducción de sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;
En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;
En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;
En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;
En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;
En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vez en su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citado con anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa -garantizar la libre competencia- generó una reducción ¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;
En el 8º, debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1 La reforma al sector pasa, por fuerza, por garantizar la estricta observancia de la Ley, y
En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El 4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitió un Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.
Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4
Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5
Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.
4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.
Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:
- En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; ademásde negociar con los concesionarios la reducciónde sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;
- En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;
- En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;
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En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;
- En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;
- En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vezen su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citadocon anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa –garantizar la libre competencia– generóuna reducción¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;
- En el 8º,debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1La reforma al sector pasa, por fuerza,por garantizar la estricta observancia de la Ley, y
- En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitióun Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.
Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4
Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5
Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/
3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.
4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/
5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.
La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?
Caleb Ordoñez
El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.
Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.
Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.
Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.
Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.
Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.
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