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LOS PENDIENTES DE EPN (3/3) Por Luis Villegas

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hace 14 años

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Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; además de negociar con los concesionarios la reducción de sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vez en su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citado con anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa -garantizar la libre competencia- generó una reducción ¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

En el 8º, debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1 La reforma al sector pasa, por fuerza, por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El 4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitió un Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.

Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

  1. En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; ademásde negociar con los concesionarios la reducciónde sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

 

  1. En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

 

  1. En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

  1. En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

 

  1. En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

 

  1. En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vezen su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citadocon anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa –garantizar la libre competencia– generóuna reducción¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

 

  1. En el 8º,debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1La reforma al sector pasa, por fuerza,por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

 

  1. En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitióun Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

 

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4

 

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5

 

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

 

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

 

1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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hace 1 semana

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Jul 24, 2026

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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