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Crece presión en EU para un TLC completo

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Kevin Brady, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el grupo más importante de ese órgano legislativo en la supervisión de la política comercial, afirmó que no respaldaría una renegociación light del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Creo, francamente, que estamos demasiado cerca de un TLCAN moderno e integral que aborde una amplia gama de desafíos y oportunidades en energía, telecomunicaciones, comercio digital y agricultura, que deberían ser parte de un acuerdo moderno”, dijo Brady a periodistas el lunes. Previamente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, no descartó la posibilidad de aprobar una versión light o “delgadita” del TLCAN que no requiriera la aprobación legislativa.

“Creo que por ahora todavía estamos enfocados en un nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que pudiera ser aprobado por el Congreso. Pero fácilmente podríamos ver un acuerdo delgadito como una alternativa y eso es algo que el presidente puede considerar”, planteó Mnuchin.

Brady externó que no quiere perder la oportunidad de renegociar el TLCAN “apuntando demasiado bajo”; mientras que, en contrapunto, el senador estadounidense John Barrasso, presidente del Comité de Política Republicana, se inclinó por una nueva versión del TLCAN que no pase por el Congreso.

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, se opuso la semana pasada a negociar una actualización del TLCAN con alcances limitados

La negociación de acuerdos internacionales generalmente se considera prerrogativa exclusiva del Ejecutivo en Estados Unidos. En consecuencia, el Ejecutivo no necesita la aprobación del Congreso para discutir cambios al TLCAN con representantes de Canadá y México. Pero la atención se centra en si el acuerdo resultante de estas negociaciones debe ser aprobado por el Congreso antes de que entre en vigor y surta efecto en la legislación nacional.

De acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense, si bien la ley de implementación del TLCAN y el propio acuerdo parecen contemplar cambios limitados a ciertos aspectos del acuerdo y su implementación en la legislación nacional (por ejemplo, tasas arancelarias y reglas de origen) sin aprobación legislativa adicional, un tratado que requiera cambios al estatuto federal, o que de otro modo realice cambios importantes en el TLCAN, probablemente necesitaría el asentimiento del Congreso.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso autoridad específica sobre el comercio internacional, incluidos los poderes para imponer y cobrar impuestos y aranceles y para regular el comercio internacional.

Los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos han sido aprobados e implementados históricamente como acuerdos legislativos consecutivos por mayoría de votos de cada Cámara del Congreso.

En la ley de implementación del TLCAN, el Congreso aprobó este tratado tal como existía en 1993. En consecuencia, podría decirse que los cambios importantes en el acuerdo requirieron la aprobación legislativa. Además, podría argumentarse que el presidente carece de la autoridad para terminar con el efecto interno de los estatutos federales que implementan el TLCAN sin pasar por el proceso legislativo completo para la derogación.

La práctica histórica respalda esta visión. Cuando el Congreso aprobó el TLCAN, enmendó la ley que implementaba el acuerdo de libre comercio anterior entre Estados Unidos y Canadá para suspender ciertas disposiciones de la ley y permitir que otras continuaran operando. En todo caso, de existir controversia, ésta se podría dirimir en un tribunal.

El Financiero

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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