En medio de la contienda electoral, la secretaría de la Función Pública dio a conocer las acciones que se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, y la Procuraduría General de la República, con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de realizar acciones contra delitos electorales.
Para dicho fin, la dependencia federal recordó la firma del “Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana”, entre las instancias antes mencionadas.
Además, en febrero de este año se firmó un Adendum, en el cual “se establecen los compromisos en materia de Contraloría Social y estrategias de apoyo al blindaje electoral durante los procesos electorales federales y locales”.
En ese contexto, la Función Pública se comprometió en el convenio a “convocar e involucrar la participación de la Contraloría Social en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en la ejecución de los programas de desarrollo social”, entre otras acciones.
Cómo parte de las acciones, la dependencia está encargada de captar las quejas, denuncias e irregularidades y las atiende o, en su caso, las canaliza con las autoridades competentes.
Además, la secretaría difunde el alcance del Convenio y promueve la participación activa de las Contralorías Sociales, así como la difusión de la figura de la Contraloría Social con servidores públicos a través de los Órganos Estatales de Control.
A su vez, los contralores son los encargados de presentar las quejas y denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante campañas, ante la Función Pública o ante la FEPADE, según sea el caso.
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