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Cae auditora del SAT y cómplices por pedir 4.5 MDP a contribuyente

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Por el delito de cohecho, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una auditora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto con otra ex trabajadora del órgano recaudador de impuestos y un presunto cómplice.

La detención se logró tras una investigación que se hizo luego de una denuncia ciudadana que recibió el SAT.

El brazo fiscal de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los tres detenidos fueron vinculados a proceso penal por un juez federal por la comisión del delito de cohecho con la agravante de haberlo realizado en pandilla.

Una de las detenidas, que se desempeñaba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en Xalapa, y otra, que era exfuncionaria del SAT, pidieron a un contribuyente 4.5 millones de pesos a cambio de no aplicar procedimientos sancionatorios, durante una visita domiciliaria.

De acuerdo con el SAT, el delito de cohecho es cuando un servidor público solicita o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Se sanciona hasta con 14 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo y hasta 150 días de multa. Esta pena se aumenta hasta en una mitad cuando, como en este caso, el ilícito es realizado en pandilla.

El respecto, el SAT reiteró su compromiso de cero tolerancia ante acciones como estas de sus empleados, con lo cual se combatirá la corrupción.

Invitó a los contribuyentes y ciudadanía en general a presentar una denuncia sobre cualquier acto que pueda considerarse como un abuso o acto ilícito cometido por servidores públicos del SAT, mandando un mensaje por correo electrónico a [email protected] o también vía telefónica (55) 8852 2222.

Fuente: El Informador

México

Amplio respaldo empresarial y estatal al T-MEC en consultas para su revisión

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El 84 por ciento del sector productivo en México respalda la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha contribuido a fortalecer la inversión, la integración productiva y las cadenas regionales de valor. Así lo revelan los resultados de las consultas públicas realizadas en el país con motivo de la próxima revisión del acuerdo comercial.

Durante la presentación del informe Resultados de las Mesas de Consulta Pública, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el consenso nacional apunta a preservar el tratado, al señalar que sus efectos han sido positivos para la economía mexicana.

De acuerdo con el documento, el respaldo alcanza 84 por ciento cuando se mide por sector productivo y 75.9 por ciento al analizarlo por entidades federativas. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez, señaló que existen pocos temas en el país que generen un nivel de acuerdo similar.

Aunque el apoyo es mayoritario, tanto empresarios como gobiernos estatales identificaron diversos puntos que consideran relevantes rumbo al proceso de revisión del tratado. Entre los principales señalamientos se encuentran los aranceles aplicados de manera unilateral por Estados Unidos bajo disposiciones como las secciones 232 y 301, así como asimetrías en el mecanismo laboral y los altos costos de certificación que enfrentan exportadores, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas.

El titular de Economía también rechazó la posibilidad de establecer revisiones anuales del acuerdo. Advirtió que introducir este tipo de mecanismos podría generar incertidumbre estructural y afectar la competitividad de la región de Norteamérica frente a otras economías, especialmente en Asia.

El informe destaca como principales ventajas del T-MEC la certidumbre jurídica para los inversionistas, la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de la plataforma productiva regional.

No obstante, el análisis también señala retos pendientes, entre ellos la saturación en cruces fronterizos, casos de competencia desleal, prácticas de triangulación comercial y rezagos en infraestructura energética y logística.

En términos generales, la postura predominante entre los participantes de las consultas es mantener el tratado y enfocar los esfuerzos en mejorar su implementación, sin modificar de fondo los capítulos que integran el acuerdo comercial.

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