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Problemas del transporte: dos precisiones necesarias Por Aquiles Córdova Morán

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Hace pocas semanas, como es del dominio público, un grupo de trabajadores del transporte público en la zona nororiental del Estado de México fue violentamente desalojado de su base de operaciones y despojado de sus rutas de trabajo por un comando fuertemente armado al servicio del conocido pulpo camionero propiedad de Axel García, con un saldo de un trabajador asesinado a balazos, varios más golpeados (algunos quedaron gravemente lesionados) y algunas unidades destruidas. Los agredidos constituyen un grupo de trabajadores del volante de muy bajos ingresos que, hartos de la explotación, los atropellos y el gangsterismo que priva al seno del monopolio del señor Axel García, han decidido liberarse del mismo y reclamar su reconocimiento como asociación independiente, propósito legal y legítimo en el cual han recibido el apoyo firme y desinteresado del antorchismo mexiquense que encabeza el diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez.

En torno a estos hechos y la consiguiente lucha de los agredidos junto con quienes los apoyan y respaldan, se han producido en los últimos días dos notas de prensa que, por su carácter falso e insidioso, considero importante aclarar y precisar ante la opinión pública. La primera de ellas es un pronunciamiento de empresarios del transporte en el Estado de México en el que afirman que el Movimiento Antorchista no tiene “ningún derecho” a inmiscuirse en esa actividad, razón por la cual, dicen, es necesario que la autoridad ponga enérgico freno a la ilegal intromisión de esa organización en un asunto que no es de su incumbencia. En una palabra, que se prohíba terminantemente a los antorchistas brindar apoyo solidario a las víctimas del feroz cacicazgo del señor Axel García, y se les castigue y reprima en caso de desacato a tal orden. Semejante planteamiento es, obviamente, absolutamente arbitrario, falso e ilegal, pues, por un lado, parte de una clara distorsión de los hechos que están en la base del conflicto y del interés que determina y explica el apoyo de los antorchistas; y, por otro, carece de todo sustento legal que funde y motive su punto de vista y su petición de represión en contra de la organización.

Respecto a la desnaturalización del conflicto, debo precisar que Antorcha no está solicitando ninguna concesión, base o ruta para alguno de sus miembros; no está intentando tampoco crear un pulpo camionero paralelo para disputarle el control del negocio al señor Axel García y socios, aunque podría hacerlo con el mismo derecho, puesto que los antorchistas son tan mexicanos como ellos y gozan, por tanto, de los mismos derechos. En resumen, no se trata de una ampliación del servicio, en ninguna medida ni en ninguna forma, sea quien fuere el beneficiario. Su papel es mucho más sencillo, legítimo y transparente: se limita a brindar toda su solidaridad y asesoría política y legal a los humildes trabajadores del volante que sólo buscan laborar en paz, con tranquilidad y seguridad personales y colectivas, en rutas que vienen explotando desde hace once años como mínimo (y cuya necesidad y demanda, por tanto, están plenamente demostradas en el terreno de los hechos) para poder llevar el sustento diario a sus hogares, sin tener que compartir con nadie el fruto legítimo de su esfuerzo. La cuestión entonces es: una organización de lucha y de defensa social, ¿tiene o no derecho pleno a prestar su concurso a quienes demandan su ayuda en una causa justa? ¿Comete algún delito al hacerlo? ¿Y cuál sería ese delito? La pelota queda en el campo de los señores transportistas.

Por el otro lado, es obvio que no existe ni puede existir ninguna ley que permita otorgar a nadie la propiedad absoluta de un campo de actividad económica como es la del transporte público; que le garantice a alguien, persona o grupo, el monopolio exclusivo para explotar un recurso que, en principio, es propiedad del estado, como es la concesión de rutas para su explotación comercial, con exclusión, so pena de cárcel o muerte, de cualquier otro mexicano o grupo de mexicanos que se considere en condiciones de prestar ese servicio. Por tanto, ¿de dónde sacan los señores declarantes que ellos y sólo ellos pueden y deben intervenir en el negocio del transporte? ¿De dónde obtienen la arrogancia y la prepotencia para decidir, por sí y ante sí, quién puede y quién no puede tratar de ocupar un lugar bajo el sol en materia del servicio de transporte público? Es más que claro que el único fundamento con que cuentan y en el que se apoyan es su poder económico que, ciertamente, es muy grande y los convierte en un poder “fáctico”, con capacidad para dictar condiciones a los más débiles y desprotegidos.

La segunda nota de prensa da la noticia de la renuncia (o destitución) del Secretario del Transporte del gobierno mexiquense, y afirma que el gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, “cedió finalmente” ante las presiones de los antorchistas, que exigían la cabeza del funcionario. Esta manera de plantear la cuestión es asaz insidiosa porque busca “amarrar navajas” presentando al señor Gobernador como un gobernante débil y a los antorchistas como un grupo agresivo y prepotente. Por ello me apresuro a hacer la aclaración del caso. Primero, es falso que los antorchistas hayamos exigido (o solicitado simplemente) la renuncia del Secretario del Transporte; lo que demandamos ha quedado bien precisado en el punto anterior y nadie tiene derecho a suponer otra cosa sin equivocarse gravemente. Por tanto, la remoción del funcionario en mención, en caso de ser cierta, es una decisión absolutamente soberana del señor gobernador Eruviel Ávila, tal como corresponde a un político maduro, responsable y experto como pocos en el ejercicio democrático del poder, y no fruto del capricho de nadie. Segundo, los antorchistas no tenemos, ni hemos tenido nunca, la pretensión o la arrogancia absurda de medir fuerzas con las instituciones de la República o los poderes legítimamente establecidos. Nos limitamos siempre a defender, con la ley por delante, aquello que consideramos nuestro derecho elemental, y no debe confundírsenos ni con los radicalismos trasnochados ni con un anarquismo desquiciado, sin rumbo ni brújula. Con nosotros siempre se puede dialogar y razonar. Que conste.

ENVÍO: agradezco sinceramente al Dr. Ramón Ojeda Mestre su valioso e inteligente comentario sobre la actividad del antorchismo nacional y de su dirigencia nacional. En un país donde el denominador común es la calumnia, la distorsión y el nulo respeto por la investigación seria de hechos y circunstancias, el dicho de un periodista de su talla y con tal dominio del oficio, es una auténtica pepita de oro rescatada en un inmenso montón de basura. Por hombres como él, México puede abrigar esperanzas en su futuro, a pesar de que quienes lo denigran y apuñalan por la espalda formen legión. ¡Gracias sinceras y enhorabuena, Dr. Ojeda Mestre!

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¿Por qué Roberto Lazzeri? La hora de negociar duro. Por Caleb Ordóñez Talavera

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Cuando un país decide quién lo representa en Washington, no solo elige un nombre: elige una estrategia. Y México acaba de elegir números sobre discursos.

Caleb Ordoñez

Roberto Lazzeri Montaño —economista del CIDE, operador financiero de carrera, arquitecto silencioso de deuda pública y crédito productivo— está a punto de convertirse en el embajador mexicano en Estados Unidos justo cuando la relación bilateral entra a su etapa más técnica, más tensa y más cara de la historia reciente.

No es coincidencia. Es cálculo.

Es un hombre que viene de los números. Lazzeri no llegó a la política por la puerta grande de los partidos ni por los reflectores del activismo. Llegó en 2005 por las hojas de cálculo del entonces Distrito Federal, manejando deuda pública cuando la mayoría de los funcionarios de su generación todavía aprendían el oficio. De ahí pasó a Banobras, luego a la Secretaría de Hacienda, y eventualmente a dirigir simultáneamente Nafin y Bancomext —los dos brazos del crédito productivo del Estado mexicano— en uno de los momentos más volátiles para el financiamiento externo del país.

Su cercanía con la 4T no es ideológica en el sentido clásico: es funcional. Trabajó directamente con Rogelio Ramírez de la O, el cerebro económico del obradorismo, y entendió —mejor que muchos— cómo sostener estabilidad macroeconómica dentro de un proyecto político que desconfía de los mercados pero los necesita. Eso lo hace valioso para Claudia Sheinbaum: no solo entiende el modelo, sino que sabe ejecutarlo sin romperlo.

¿Por qué ahora y por qué él?

Esteban Moctezuma no sale de Washington por fracaso. Sale porque el tablero cambió de juego. Desde 2021 fue el interlocutor ideal para una etapa de transición: perfil conciliador, relaciones sólidas, útil en el paso de Trump a Biden y en la consolidación inicial del TMEC. Cumplió y seguramente seguirá en la vida diplomática de primer nivel.

Pero lo que viene no se gestiona con diplomacia política. Se gestiona con ingeniería económica.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 900 mil millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. La revisión del TMEC se aproxima en 2026 con sectores enteros bajo presión —automotriz, acero, aluminio, energía— mientras Washington mantiene un discurso endurecido sobre fentanilo, migración y crimen organizado que complica cualquier conversación comercial.

A ese escenario se suman dos relojes políticos que corren en paralelo: el Mundial 2026, donde México coorganiza con Estados Unidos y Canadá una logística de seguridad e inversión sin precedentes, y las elecciones intermedias americanas, donde el proteccionismo y la retórica antiinmigrante históricamente se disparan. Lazzeri aterrizaría en Washington justo cuando los tres se cruzan.

La apuesta y el riesgo

Mandar a un financiero a la embajada más importante del país es un mensaje que Washington sabe leer: lo que viene es negociación dura, no protocolo. Pero esa misma fortaleza es su mayor vulnerabilidad.

Lazzeri llega sin red política propia en Estados Unidos, sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa. Y el tiempo para construirlas será escaso: la revisión del TMEC no esperará a que el nuevo embajador encuentre su ritmo.

Su verdadero reto no es técnico. Es traducir credibilidad financiera en poder diplomático real: negociar aranceles sin sacrificar industrias mexicanas, defender el tratado sin contradecir la narrativa nacionalista de la 4T y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en un entorno global que premia la certeza y castiga la ambigüedad.

En la relación más importante (y más costosa) que tiene México, no hay margen para la curva de aprendizaje. Lazzeri lo sabe. La pregunta es si Washington también está dispuesto a escuchar al técnico que llega a cambiar las reglas del juego o solo a administrarlas.????????????????

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