Opinión
Problemas del transporte: dos precisiones necesarias Por Aquiles Córdova Morán
Hace pocas semanas, como es del dominio público, un grupo de trabajadores del transporte público en la zona nororiental del Estado de México fue violentamente desalojado de su base de operaciones y despojado de sus rutas de trabajo por un comando fuertemente armado al servicio del conocido pulpo camionero propiedad de Axel García, con un saldo de un trabajador asesinado a balazos, varios más golpeados (algunos quedaron gravemente lesionados) y algunas unidades destruidas. Los agredidos constituyen un grupo de trabajadores del volante de muy bajos ingresos que, hartos de la explotación, los atropellos y el gangsterismo que priva al seno del monopolio del señor Axel García, han decidido liberarse del mismo y reclamar su reconocimiento como asociación independiente, propósito legal y legítimo en el cual han recibido el apoyo firme y desinteresado del antorchismo mexiquense que encabeza el diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez.
En torno a estos hechos y la consiguiente lucha de los agredidos junto con quienes los apoyan y respaldan, se han producido en los últimos días dos notas de prensa que, por su carácter falso e insidioso, considero importante aclarar y precisar ante la opinión pública. La primera de ellas es un pronunciamiento de empresarios del transporte en el Estado de México en el que afirman que el Movimiento Antorchista no tiene “ningún derecho” a inmiscuirse en esa actividad, razón por la cual, dicen, es necesario que la autoridad ponga enérgico freno a la ilegal intromisión de esa organización en un asunto que no es de su incumbencia. En una palabra, que se prohíba terminantemente a los antorchistas brindar apoyo solidario a las víctimas del feroz cacicazgo del señor Axel García, y se les castigue y reprima en caso de desacato a tal orden. Semejante planteamiento es, obviamente, absolutamente arbitrario, falso e ilegal, pues, por un lado, parte de una clara distorsión de los hechos que están en la base del conflicto y del interés que determina y explica el apoyo de los antorchistas; y, por otro, carece de todo sustento legal que funde y motive su punto de vista y su petición de represión en contra de la organización.
Respecto a la desnaturalización del conflicto, debo precisar que Antorcha no está solicitando ninguna concesión, base o ruta para alguno de sus miembros; no está intentando tampoco crear un pulpo camionero paralelo para disputarle el control del negocio al señor Axel García y socios, aunque podría hacerlo con el mismo derecho, puesto que los antorchistas son tan mexicanos como ellos y gozan, por tanto, de los mismos derechos. En resumen, no se trata de una ampliación del servicio, en ninguna medida ni en ninguna forma, sea quien fuere el beneficiario. Su papel es mucho más sencillo, legítimo y transparente: se limita a brindar toda su solidaridad y asesoría política y legal a los humildes trabajadores del volante que sólo buscan laborar en paz, con tranquilidad y seguridad personales y colectivas, en rutas que vienen explotando desde hace once años como mínimo (y cuya necesidad y demanda, por tanto, están plenamente demostradas en el terreno de los hechos) para poder llevar el sustento diario a sus hogares, sin tener que compartir con nadie el fruto legítimo de su esfuerzo. La cuestión entonces es: una organización de lucha y de defensa social, ¿tiene o no derecho pleno a prestar su concurso a quienes demandan su ayuda en una causa justa? ¿Comete algún delito al hacerlo? ¿Y cuál sería ese delito? La pelota queda en el campo de los señores transportistas.
Por el otro lado, es obvio que no existe ni puede existir ninguna ley que permita otorgar a nadie la propiedad absoluta de un campo de actividad económica como es la del transporte público; que le garantice a alguien, persona o grupo, el monopolio exclusivo para explotar un recurso que, en principio, es propiedad del estado, como es la concesión de rutas para su explotación comercial, con exclusión, so pena de cárcel o muerte, de cualquier otro mexicano o grupo de mexicanos que se considere en condiciones de prestar ese servicio. Por tanto, ¿de dónde sacan los señores declarantes que ellos y sólo ellos pueden y deben intervenir en el negocio del transporte? ¿De dónde obtienen la arrogancia y la prepotencia para decidir, por sí y ante sí, quién puede y quién no puede tratar de ocupar un lugar bajo el sol en materia del servicio de transporte público? Es más que claro que el único fundamento con que cuentan y en el que se apoyan es su poder económico que, ciertamente, es muy grande y los convierte en un poder “fáctico”, con capacidad para dictar condiciones a los más débiles y desprotegidos.
La segunda nota de prensa da la noticia de la renuncia (o destitución) del Secretario del Transporte del gobierno mexiquense, y afirma que el gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, “cedió finalmente” ante las presiones de los antorchistas, que exigían la cabeza del funcionario. Esta manera de plantear la cuestión es asaz insidiosa porque busca “amarrar navajas” presentando al señor Gobernador como un gobernante débil y a los antorchistas como un grupo agresivo y prepotente. Por ello me apresuro a hacer la aclaración del caso. Primero, es falso que los antorchistas hayamos exigido (o solicitado simplemente) la renuncia del Secretario del Transporte; lo que demandamos ha quedado bien precisado en el punto anterior y nadie tiene derecho a suponer otra cosa sin equivocarse gravemente. Por tanto, la remoción del funcionario en mención, en caso de ser cierta, es una decisión absolutamente soberana del señor gobernador Eruviel Ávila, tal como corresponde a un político maduro, responsable y experto como pocos en el ejercicio democrático del poder, y no fruto del capricho de nadie. Segundo, los antorchistas no tenemos, ni hemos tenido nunca, la pretensión o la arrogancia absurda de medir fuerzas con las instituciones de la República o los poderes legítimamente establecidos. Nos limitamos siempre a defender, con la ley por delante, aquello que consideramos nuestro derecho elemental, y no debe confundírsenos ni con los radicalismos trasnochados ni con un anarquismo desquiciado, sin rumbo ni brújula. Con nosotros siempre se puede dialogar y razonar. Que conste.
ENVÍO: agradezco sinceramente al Dr. Ramón Ojeda Mestre su valioso e inteligente comentario sobre la actividad del antorchismo nacional y de su dirigencia nacional. En un país donde el denominador común es la calumnia, la distorsión y el nulo respeto por la investigación seria de hechos y circunstancias, el dicho de un periodista de su talla y con tal dominio del oficio, es una auténtica pepita de oro rescatada en un inmenso montón de basura. Por hombres como él, México puede abrigar esperanzas en su futuro, a pesar de que quienes lo denigran y apuñalan por la espalda formen legión. ¡Gracias sinceras y enhorabuena, Dr. Ojeda Mestre!
Opinión
Opinión: El fuego amigo también deja huellas
Hay denuncias políticas que terminan teniendo un efecto distinto al que sus autores esperaban. Eso ocurrió con las imágenes que Andrea Chávez publicó en redes sociales para cuestionar la Torre Centinela y mostrar calles inundadas y cubiertas de basura en Ciudad Juárez.
“Las calles de nuestra frontera nos recuerdan dónde se necesitaba de verdad esa inversión”, escribió la senadora. El problema para su argumento es evidente: la ciudad que aparece en esas fotografías es gobernada por Morena y buena parte de las tareas que señala corresponden al ámbito municipal.
Los comentarios en redes sociales apuntaron precisamente hacia ese lado. Si las alcantarillas aparecen obstruidas por basura, las calles se convierten en ríos y los baches forman parte del paisaje, la pregunta inevitable es por qué la crítica se concentra en el Gobierno del Estado y no alcanza también a la administración municipal encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, quien actualmente se encuentra de licencia mientras busca la candidatura a la gubernatura.
Chávez pretendía dirigir el reflector hacia la Torre Centinela, pero las imágenes terminaron abriendo otro frente: el de los problemas urbanos de Ciudad Juárez. En política, a veces el fuego amigo tiene más alcance que el ataque original.
El Álamo de Zazú y la protección animal
En otro frente, la asociación El Álamo de Zazú, conocida por su trabajo en favor de los animales, ha comenzado a ser señalada por asumir una posición política cercana a Morena y por sus críticas al alcalde Marco Bonilla.
La persona que encabeza la organización se ha visto involucrada en distintos conflictos, tanto con servidores públicos como con otras activistas y refugios de perros. A ello se suma su reciente posición política contra el alcalde, al que incluso ha dirigido insultos en un evidente tono partidista.
También se cuestiona el desempeño de Rocío Reza al frente de la Coordinación de Bienestar Animal. Sin embargo, la administración municipal ha impulsado acciones como la creación de esa coordinación, la contratación de brigadistas y la planeación de una veterinaria municipal y un recinto de rescate animal.
El problema no es que una organización tenga una posición política. El problema aparece cuando una causa como la protección animal termina mezclándose abiertamente con la disputa partidista. Entonces, una denuncia puede terminar percibiéndose como parte de una estrategia política.
Jorge Chánez y sus aspiraciones
En el PAN también hay movimientos que llaman la atención. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, estaría impulsando sus aspiraciones para buscar una candidatura a diputado local.
La duda es si esas aspiraciones corresponden con los resultados que ha entregado y con el escenario interno de Acción Nacional. El texto cuestiona además su comportamiento político y plantea que podría estar siendo mal asesorado o utilizado por otros panistas interesados en influir en el proceso interno.
Antes de levantar una candidatura, quizá tendría que revisar los resultados que ha entregado a Chihuahua. El proyecto político ya está en marcha, pero por ahora parece otra obra sin terminar.

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