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Problemas del transporte: dos precisiones necesarias Por Aquiles Córdova Morán

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Hace pocas semanas, como es del dominio público, un grupo de trabajadores del transporte público en la zona nororiental del Estado de México fue violentamente desalojado de su base de operaciones y despojado de sus rutas de trabajo por un comando fuertemente armado al servicio del conocido pulpo camionero propiedad de Axel García, con un saldo de un trabajador asesinado a balazos, varios más golpeados (algunos quedaron gravemente lesionados) y algunas unidades destruidas. Los agredidos constituyen un grupo de trabajadores del volante de muy bajos ingresos que, hartos de la explotación, los atropellos y el gangsterismo que priva al seno del monopolio del señor Axel García, han decidido liberarse del mismo y reclamar su reconocimiento como asociación independiente, propósito legal y legítimo en el cual han recibido el apoyo firme y desinteresado del antorchismo mexiquense que encabeza el diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez.

En torno a estos hechos y la consiguiente lucha de los agredidos junto con quienes los apoyan y respaldan, se han producido en los últimos días dos notas de prensa que, por su carácter falso e insidioso, considero importante aclarar y precisar ante la opinión pública. La primera de ellas es un pronunciamiento de empresarios del transporte en el Estado de México en el que afirman que el Movimiento Antorchista no tiene “ningún derecho” a inmiscuirse en esa actividad, razón por la cual, dicen, es necesario que la autoridad ponga enérgico freno a la ilegal intromisión de esa organización en un asunto que no es de su incumbencia. En una palabra, que se prohíba terminantemente a los antorchistas brindar apoyo solidario a las víctimas del feroz cacicazgo del señor Axel García, y se les castigue y reprima en caso de desacato a tal orden. Semejante planteamiento es, obviamente, absolutamente arbitrario, falso e ilegal, pues, por un lado, parte de una clara distorsión de los hechos que están en la base del conflicto y del interés que determina y explica el apoyo de los antorchistas; y, por otro, carece de todo sustento legal que funde y motive su punto de vista y su petición de represión en contra de la organización.

Respecto a la desnaturalización del conflicto, debo precisar que Antorcha no está solicitando ninguna concesión, base o ruta para alguno de sus miembros; no está intentando tampoco crear un pulpo camionero paralelo para disputarle el control del negocio al señor Axel García y socios, aunque podría hacerlo con el mismo derecho, puesto que los antorchistas son tan mexicanos como ellos y gozan, por tanto, de los mismos derechos. En resumen, no se trata de una ampliación del servicio, en ninguna medida ni en ninguna forma, sea quien fuere el beneficiario. Su papel es mucho más sencillo, legítimo y transparente: se limita a brindar toda su solidaridad y asesoría política y legal a los humildes trabajadores del volante que sólo buscan laborar en paz, con tranquilidad y seguridad personales y colectivas, en rutas que vienen explotando desde hace once años como mínimo (y cuya necesidad y demanda, por tanto, están plenamente demostradas en el terreno de los hechos) para poder llevar el sustento diario a sus hogares, sin tener que compartir con nadie el fruto legítimo de su esfuerzo. La cuestión entonces es: una organización de lucha y de defensa social, ¿tiene o no derecho pleno a prestar su concurso a quienes demandan su ayuda en una causa justa? ¿Comete algún delito al hacerlo? ¿Y cuál sería ese delito? La pelota queda en el campo de los señores transportistas.

Por el otro lado, es obvio que no existe ni puede existir ninguna ley que permita otorgar a nadie la propiedad absoluta de un campo de actividad económica como es la del transporte público; que le garantice a alguien, persona o grupo, el monopolio exclusivo para explotar un recurso que, en principio, es propiedad del estado, como es la concesión de rutas para su explotación comercial, con exclusión, so pena de cárcel o muerte, de cualquier otro mexicano o grupo de mexicanos que se considere en condiciones de prestar ese servicio. Por tanto, ¿de dónde sacan los señores declarantes que ellos y sólo ellos pueden y deben intervenir en el negocio del transporte? ¿De dónde obtienen la arrogancia y la prepotencia para decidir, por sí y ante sí, quién puede y quién no puede tratar de ocupar un lugar bajo el sol en materia del servicio de transporte público? Es más que claro que el único fundamento con que cuentan y en el que se apoyan es su poder económico que, ciertamente, es muy grande y los convierte en un poder “fáctico”, con capacidad para dictar condiciones a los más débiles y desprotegidos.

La segunda nota de prensa da la noticia de la renuncia (o destitución) del Secretario del Transporte del gobierno mexiquense, y afirma que el gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, “cedió finalmente” ante las presiones de los antorchistas, que exigían la cabeza del funcionario. Esta manera de plantear la cuestión es asaz insidiosa porque busca “amarrar navajas” presentando al señor Gobernador como un gobernante débil y a los antorchistas como un grupo agresivo y prepotente. Por ello me apresuro a hacer la aclaración del caso. Primero, es falso que los antorchistas hayamos exigido (o solicitado simplemente) la renuncia del Secretario del Transporte; lo que demandamos ha quedado bien precisado en el punto anterior y nadie tiene derecho a suponer otra cosa sin equivocarse gravemente. Por tanto, la remoción del funcionario en mención, en caso de ser cierta, es una decisión absolutamente soberana del señor gobernador Eruviel Ávila, tal como corresponde a un político maduro, responsable y experto como pocos en el ejercicio democrático del poder, y no fruto del capricho de nadie. Segundo, los antorchistas no tenemos, ni hemos tenido nunca, la pretensión o la arrogancia absurda de medir fuerzas con las instituciones de la República o los poderes legítimamente establecidos. Nos limitamos siempre a defender, con la ley por delante, aquello que consideramos nuestro derecho elemental, y no debe confundírsenos ni con los radicalismos trasnochados ni con un anarquismo desquiciado, sin rumbo ni brújula. Con nosotros siempre se puede dialogar y razonar. Que conste.

ENVÍO: agradezco sinceramente al Dr. Ramón Ojeda Mestre su valioso e inteligente comentario sobre la actividad del antorchismo nacional y de su dirigencia nacional. En un país donde el denominador común es la calumnia, la distorsión y el nulo respeto por la investigación seria de hechos y circunstancias, el dicho de un periodista de su talla y con tal dominio del oficio, es una auténtica pepita de oro rescatada en un inmenso montón de basura. Por hombres como él, México puede abrigar esperanzas en su futuro, a pesar de que quienes lo denigran y apuñalan por la espalda formen legión. ¡Gracias sinceras y enhorabuena, Dr. Ojeda Mestre!

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El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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