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Problemas del transporte: dos precisiones necesarias Por Aquiles Córdova Morán

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Hace pocas semanas, como es del dominio público, un grupo de trabajadores del transporte público en la zona nororiental del Estado de México fue violentamente desalojado de su base de operaciones y despojado de sus rutas de trabajo por un comando fuertemente armado al servicio del conocido pulpo camionero propiedad de Axel García, con un saldo de un trabajador asesinado a balazos, varios más golpeados (algunos quedaron gravemente lesionados) y algunas unidades destruidas. Los agredidos constituyen un grupo de trabajadores del volante de muy bajos ingresos que, hartos de la explotación, los atropellos y el gangsterismo que priva al seno del monopolio del señor Axel García, han decidido liberarse del mismo y reclamar su reconocimiento como asociación independiente, propósito legal y legítimo en el cual han recibido el apoyo firme y desinteresado del antorchismo mexiquense que encabeza el diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez.

En torno a estos hechos y la consiguiente lucha de los agredidos junto con quienes los apoyan y respaldan, se han producido en los últimos días dos notas de prensa que, por su carácter falso e insidioso, considero importante aclarar y precisar ante la opinión pública. La primera de ellas es un pronunciamiento de empresarios del transporte en el Estado de México en el que afirman que el Movimiento Antorchista no tiene “ningún derecho” a inmiscuirse en esa actividad, razón por la cual, dicen, es necesario que la autoridad ponga enérgico freno a la ilegal intromisión de esa organización en un asunto que no es de su incumbencia. En una palabra, que se prohíba terminantemente a los antorchistas brindar apoyo solidario a las víctimas del feroz cacicazgo del señor Axel García, y se les castigue y reprima en caso de desacato a tal orden. Semejante planteamiento es, obviamente, absolutamente arbitrario, falso e ilegal, pues, por un lado, parte de una clara distorsión de los hechos que están en la base del conflicto y del interés que determina y explica el apoyo de los antorchistas; y, por otro, carece de todo sustento legal que funde y motive su punto de vista y su petición de represión en contra de la organización.

Respecto a la desnaturalización del conflicto, debo precisar que Antorcha no está solicitando ninguna concesión, base o ruta para alguno de sus miembros; no está intentando tampoco crear un pulpo camionero paralelo para disputarle el control del negocio al señor Axel García y socios, aunque podría hacerlo con el mismo derecho, puesto que los antorchistas son tan mexicanos como ellos y gozan, por tanto, de los mismos derechos. En resumen, no se trata de una ampliación del servicio, en ninguna medida ni en ninguna forma, sea quien fuere el beneficiario. Su papel es mucho más sencillo, legítimo y transparente: se limita a brindar toda su solidaridad y asesoría política y legal a los humildes trabajadores del volante que sólo buscan laborar en paz, con tranquilidad y seguridad personales y colectivas, en rutas que vienen explotando desde hace once años como mínimo (y cuya necesidad y demanda, por tanto, están plenamente demostradas en el terreno de los hechos) para poder llevar el sustento diario a sus hogares, sin tener que compartir con nadie el fruto legítimo de su esfuerzo. La cuestión entonces es: una organización de lucha y de defensa social, ¿tiene o no derecho pleno a prestar su concurso a quienes demandan su ayuda en una causa justa? ¿Comete algún delito al hacerlo? ¿Y cuál sería ese delito? La pelota queda en el campo de los señores transportistas.

Por el otro lado, es obvio que no existe ni puede existir ninguna ley que permita otorgar a nadie la propiedad absoluta de un campo de actividad económica como es la del transporte público; que le garantice a alguien, persona o grupo, el monopolio exclusivo para explotar un recurso que, en principio, es propiedad del estado, como es la concesión de rutas para su explotación comercial, con exclusión, so pena de cárcel o muerte, de cualquier otro mexicano o grupo de mexicanos que se considere en condiciones de prestar ese servicio. Por tanto, ¿de dónde sacan los señores declarantes que ellos y sólo ellos pueden y deben intervenir en el negocio del transporte? ¿De dónde obtienen la arrogancia y la prepotencia para decidir, por sí y ante sí, quién puede y quién no puede tratar de ocupar un lugar bajo el sol en materia del servicio de transporte público? Es más que claro que el único fundamento con que cuentan y en el que se apoyan es su poder económico que, ciertamente, es muy grande y los convierte en un poder “fáctico”, con capacidad para dictar condiciones a los más débiles y desprotegidos.

La segunda nota de prensa da la noticia de la renuncia (o destitución) del Secretario del Transporte del gobierno mexiquense, y afirma que el gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, “cedió finalmente” ante las presiones de los antorchistas, que exigían la cabeza del funcionario. Esta manera de plantear la cuestión es asaz insidiosa porque busca “amarrar navajas” presentando al señor Gobernador como un gobernante débil y a los antorchistas como un grupo agresivo y prepotente. Por ello me apresuro a hacer la aclaración del caso. Primero, es falso que los antorchistas hayamos exigido (o solicitado simplemente) la renuncia del Secretario del Transporte; lo que demandamos ha quedado bien precisado en el punto anterior y nadie tiene derecho a suponer otra cosa sin equivocarse gravemente. Por tanto, la remoción del funcionario en mención, en caso de ser cierta, es una decisión absolutamente soberana del señor gobernador Eruviel Ávila, tal como corresponde a un político maduro, responsable y experto como pocos en el ejercicio democrático del poder, y no fruto del capricho de nadie. Segundo, los antorchistas no tenemos, ni hemos tenido nunca, la pretensión o la arrogancia absurda de medir fuerzas con las instituciones de la República o los poderes legítimamente establecidos. Nos limitamos siempre a defender, con la ley por delante, aquello que consideramos nuestro derecho elemental, y no debe confundírsenos ni con los radicalismos trasnochados ni con un anarquismo desquiciado, sin rumbo ni brújula. Con nosotros siempre se puede dialogar y razonar. Que conste.

ENVÍO: agradezco sinceramente al Dr. Ramón Ojeda Mestre su valioso e inteligente comentario sobre la actividad del antorchismo nacional y de su dirigencia nacional. En un país donde el denominador común es la calumnia, la distorsión y el nulo respeto por la investigación seria de hechos y circunstancias, el dicho de un periodista de su talla y con tal dominio del oficio, es una auténtica pepita de oro rescatada en un inmenso montón de basura. Por hombres como él, México puede abrigar esperanzas en su futuro, a pesar de que quienes lo denigran y apuñalan por la espalda formen legión. ¡Gracias sinceras y enhorabuena, Dr. Ojeda Mestre!

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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