El juez federal Andrew Hanen declinó este sábado la petición de una coalición de siete estados, liderados por Texas, de acabar de «inmediato» con el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ya que considera que no es el «momento».
«El tribunal no otorgó la solicitud preliminar ya que constató que los Estados Unidos habían demorado la búsqueda del recurso durante años, y aplicarlo en este momento va en contra de los intereses de la sociedad», explicó el magistrado en el fallo.
Esta resolución judicial, esperada por ambas partes desde hacía un mes, supone una victoria parcial para 690 mil jóvenes latinos, conocidos como «soñadores», bajo la amenaza de la deportación.
En este sentido, la senadora demócrata por el estado de Nevada, Catherine Cortez Masto, celebró en un comunicado la decisión del juez y reclamó al Congreso que actúe para que los jóvenes indocumentados «no sufran más dolor».
La organización en defensa de los inmigrantes FDW.us mantuvo un discurso similar y describió el fallo como un ejemplo de «debilidad» en los intentos legales de la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de acabar con las renovaciones de DACA.
El presidente de FWD.us, Todd Schulte, hizo un llamamiento a los «soñadores» para que traten de solucionar su situación lo antes posible, ya que está seguro de que los detractores del programa «continuarán trabajando para suprimirlo», según un comunicado de su organización.
Hanen, que anteriormente había fallado en contra de la legalidad del programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes (DAPA), sí observó indicios de que el DACA pueda ir en contra de «algunas normas constitucionales».
Por ello, ofreció la posibilidad de recurrir en 21 días, y abrió la puerta para que el caso llegue a instancias del Tribunal Supremo si no se toma una decisión definitiva en dicho período.
Este resquicio legal fue celebrado por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que aseguró en un comunicado que el programa migratorio impulsado durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) es «ilegal y los estados demandantes sufren daños irreparables».
«El tribunal solo rehusó emitir una orden judicial preliminar sobre DACA debido al momento de la demanda. Pero ahora estamos muy seguros de que pronto enfrentará el mismo destino que el programa de acción diferida para padres», opinó Paxton.
El DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690 mil jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como «soñadores».
En septiembre pasado, Trump anunció que el DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración, cosa que no ocurrió porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
De igual manera, el juez federal con corte en Washington John D. Bates reafirmó su orden de reactivar esa protección migratoria con la admisión de nuevas solicitudes, una decisión con la que el magistrado rechazó el recurso del Gobierno a su decisión inicial del 24 de abril.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.