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Nombra Corral a exdirigente nacional del PRD representante del gobierno de Chihuahua

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El gobernador Javier Corral tomó protesta a Agustín Basave Benítez como nuevo representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México.

Luego de agradecerle que haya aceptado incorporarse al Gobierno del Estado, le dio las primeras dos instrucciones: dar puntual seguimiento ante el nuevo Gobierno de la República, al proceso de extradición del ex gobernador César Duarte por las órdenes de aprehensión que hay en la PGR y las que se acumularán próximamente.

La segunda: gestionar una mejor, más justa y más redistributiva relación en el Presupuesto Federal para el Estado de Chihuahua.

Al respecto, el nuevo representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, agradeció la invitación y señaló que más que asumir un cargo, representa sumarse a la lucha contra el pacto de impunidad.

“Lo que está haciendo Javier Corral en Chihuahua no tiene precedentes en términos de combate a la corrupción, pero específicamente en términos de la ruptura del pacto de impunidad que tanto daño le ha hecho a México, de manera que estoy a partir de ahora en la representación para lo que se les ofrezca”, indicó.

El mandatario estatal explicó también que Roberto Ramos Molina continuará como Coordinador de Promoción Cultural y Enlace Ciudadano.

Agustín Basave Benítez es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, y licenciado en Sistemas de Computación Administrativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director fundador del Departamento de Ciencia Política del ITESM-CCM.

Después de ser invitado como académico distinguido, fue nombrado director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana, y posteriormente jefe de la Oficina de Vinculación y Relaciones Externas; actualmente es académico con licencia de la Universidad Iberoamericana.

Fue editorialista de los diarios Excélsior y Reforma, colabora ocasionalmente en la revista Nexos y es articulista de El Universal. Fue también panelista en el programa de Canal Once “Primer Plano” y en la “Mesa Política” de Monitor, con José Gutiérrez Vivó, analista en FOROtv y la W Radio y director y conductor del programa «¿A qué le tiras…?» en efektoTV.

Amigo y colaborador del extinto Luis Donaldo Colosio, fue diputado por Nuevo León en la LV Legislatura del Congreso de la Unión de México, secretario ejecutivo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), presidente nacional de la Fundación Colosio (1996-1997) y embajador de México en Irlanda (2001-2004).

Militó en el Partido Revolucionario Institucional, pero renunció a él en enero del 2002, después de crear varios movimientos disidentes en aras de la refundación del PRI en un partido socialdemócrata. En 2005-2006 se sumó a la campaña de la Coalición por el Bien de Todos y en 2007-2008 fue presidente del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista.

El 27 de agosto de 2018 hace pública su renuncia al Partido de la Revolución Democrática derivado de los resultados electorales de julio de ese año.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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