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México

Morena, el PRI y manifestantes paralizan Congreso de Hidalgo; granaderos entran a replegarlos

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En los últimos siete días, las tomas de tribuna y peleas entre diputados de Morena y el PRI habían impedido terminar la sesión constitutiva de la LXIV Legislatura local. Ambos partidos dieron a conocer dos supuestas actas de integración de la Junta de Gobierno, una presidida por el PRI y la otra, encabezada por Morena.

En la sesión de este martes, que arrancó con una hora y 45 minutos de retraso, la priista Mayka Ortega Eguiluz quiso retomar la intervención que quedó pendiente el jueves 6 de septiembre, cuando un “duelo” de porras entre morenistas y priistas provocó que el presidente de la mesa directiva, Humberto Veras Godoy, decretara un receso, al considerar que no había las condiciones de orden.

Sin embargo, minutos después, en vez de permitir que Ortega completará su intervención, el morenista Veras Godoy cedió el turno a su compañera de partido, la diputada Doralicia Martínez Bautista, para que leyera un segundo acuerdo tomado, presuntamente, por los integrantes de la Junta de Gobierno.

En este documento, la fracción de Morena se quedaba con la presidencia en el primer año; el PRI, el segundo, y el PAN, el tercero. El documento exhibía firmas de Veras Godoy; además, del diputado de Nueva Alianza Marcelino Carbajal y la perredista Arely Miranda Ayala.

Ante la negativa de Veras Godoy de que Ortega finalizará su intervención, ésta pretendió tomar el micrófono de la tribuna; sin embargo, la bancada de Morena rodeó el estrado para impedir que la priista se acercara a Doralicia.

Esto provocó un caos en el Congreso, al cual se dieron cita trabajadores priistas, entre ellos Adriana Flores y el extitular de Reglamentos de Pachuca, Levi Leines, quienes —durante cerca de media hora que duró la lectura del segundo acuerdo— no dejaron de corear frases como “¡Respeto a la ley!” y “¡Fuera Sosa!”, en referencia al presidente del patronato universitario de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, a cuyo grupo pertenecen ocho de 17 legisladores de Morena.

Al desorden siguió la exhibición de cartulinas en las que se leían leyendas como “Diputados sí, porros no” por parte de los diputados priistas Mayka Ortega, Julio Valera Piedras, María Luisa Pérez y Adela Pérez Espinoza.

Cuando ingresaron los trabajadores los diputados afines al Grupo Universidad abandonaron el pleno y, en defensa de la tribuna, quedaron los diputados Víctor Guerrero Trejo, Doralicia Martínez y Susana Ángeles, quienes soportaron empujones e insultos, además de acusaciones sobre la existencia de aviadores en el Congreso.

Posteriormente, al recinto legislativo ingresaron granaderos, quienes trataron de replegar a los manifestantes, pero lo lograron solo parcialmente.

Minutos más tarde, pasadas las diez de la noche, Valera Piedras pidió a los diputados de Morena dialogar en la torre legislativa y tomar los acuerdos correspondientes; mientras, decenas de manifestantes gritaban consignas como “¡Sosa represor!” y “¡Sosa asesino!”.

Fue cerca de la medianoche, después de una semana en la que se intentó concluir la sesión constitutiva, que la “normalidad” volvió al Congreso estatal, con dos actas y supuestos acuerdos en el orden del día, que, según cada grupo, dicta que existen dos Juntas de Gobierno.

Fuente: Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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