El Senado presentará al pleno este martes 18 de septiembre un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Investigación sobre los presuntos desvíos ocurridos en la Sedesol y la Sedatu, durante las administraciones de Rosario Robles, quien también sería citada a comparecer ante comisiones.

Se trata de un nuevo punto de acuerdo, diferente al que se registró en la Gaceta del jueves pasado, y que no pudo ser discutido. En este, se incluye el tema de desvíos utilizando universidades, explicado en el reportaje de la Estafa Maestra.

En la propuesta también se plantea citar a los titulares de seis instancias de gobierno para explicar las acciones que han tomado para investigar los presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos entre 2013 y 2017. Se trata de Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR; David Colmenares, auditor Superior de la Federación; Arely Gómez, titular de la Función Pública; Antonio Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT); al encargado del despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera y Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las tres últimas dependencias tienen las facultades legales e instrumentos para dar seguimiento a los recursos públicos, toda vez que tienen acceso a las cuentas bancarias y registro de las empresas fantasma utilizadas, por lo que podrían identificar el destino final del dinero.

En tanto, la PGR deberá informar sobre el avance de las 24 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2015 y 2017 respecto al esquema de desvío en la Sedesol, seis universidades y el sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública también deberá entregar los avances respecto a las investigaciones que seguía sobre los funcionarios implicados y sus responsabilidades en el caso, según informó en un comunicado en septiembre de 2017.

El punto de acuerdo toma como partida la investigación periodística La estafa maestra, en la cual Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de empresas fantasma, y las revelaciones del periódico Reforma respecto al traslado de dinero público en efectivo a 10 domicilios de empresas inexistentes publicada la semana pasada.

Fuente: Animal Político