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Resto del mundo

Expresidente surcoreano Lee Myung-bak, condenado a 15 años de cárcel

El expresidente surcoreano Lee Myung-bak fue condenado este viernes por un tribunal de Seúl a 15 años de prisión y a abonar una multa de 13.000 millones de wones (unos 9,9 millones de euros/11,5 millones de dólares) por varios delitos de corrupción.

La corte del Distrito Central de Seúl dictaminó hoy, en una sesión televisada, que Lee, que gobernó entre 2008 y 2013, es el dueño de facto del fabricante de autopartes DAS, compañía que encabeza el hermano del expresidente y que focaliza varios de los cargos que se le atribuían.

Por ello, el tribunal considera que Lee, de 76 años, orquestó la malversación de activos de la compañía con fines personales y políticos.

La fiscalía (que pedía un total de 20 años de cárcel por 16 delitos distintos entre los que se cuentan soborno, abuso de poder o malversación) consideraba probado que Lee había defraudado unos 35.000 millones de wones (26,9 millones de euros/30,9 millones de dólares) a la empresa.

Sin embargo, los tres jueces del tribunal solo consideran probado que malversó 24.000 millones (18,4 millones de euros/21,2 millones de dólares).

Por otro lado, la corte consideró a Lee culpable de aceptar un soborno de 5,85 millones de dólares (5,03 millones de euros) de una empresa tecnológica para lograr que el entonces mandatario condonara la pena de cárcel contra el presidente del mayor grupo empresarial surcoreano, Lee Kun-hee, por fraude fiscal.

Jueza lee la sentencia contra expresidente de Corea del Sur Lee Myung-bak. (EFE)
Lee Myung-bak no estuvo presente en la lectura del veredicto de hoy en protesta por la decisión del tribunal de permitir la emisión de la misma en directo por televisión al considerar que se trata de un caso de interés general.

Lee ha defendido en todo momento su inocencia y ha insistido en que todo el proceso es una maniobra revanchista por parte del actual Gobierno del presidente liberal Moon Jae-in.

Se trata del cuarto expresidente surcoreano condenado a prisión tras Chun Doo-hwan -que lideró la última junta militar hasta 1987- y los también conservadores Roh Tae-woo y Park Geun-hye, antecesora de Lee y depuesta de su cargo en 2017 debido a su implicación en el escándalo de corrupción de la “Rasputina”.

Con Park ya en prisión, la condena de Lee ahonda el pésimo balance para los conservadores surcoreanos tras su última etapa de nueve años en el poder (2008-2017).

Con información de EFE

México

Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

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