El World Justice Project enumera en el Indice del Estado de Derecho los estados más corruptos y menos corruptos
En México hay un Estado de derecho “débil generalizado” producto de las “situaciones de violencia, corrupción e impunidad” que afectan a millones de mexicanos, reporta el World Justice Project (WJP) en su primer informe a nivel local en la materia.
Tal situación se acentúa en Guerrero, el estado más rezagado del país en orden y seguridad, contrapesos al gobierno estatal en turno, derechos humanos y justicia civil y penal.
Según el documento, que por primera vez hace un análisis focalizado en un país, por entidad, el promedio nacional de cumplimiento en México de las normas que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno es de apenas 0.39 en una escala de 0 a 1, donde 1 indica el máximo apego al Estado de derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Los rubros en los que el país resultó con los niveles de evaluación más bajos son ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.35; justicia civil, 0.36, y justicia penal, 0.38, lo que significa que los principales retos a atender son “la corrupción, la seguridad y la justicia”, considera Leslie Solís, integrante de WJP.
“En México, el fortalecimiento del Estado de derecho sigue siendo un tema pendiente. Las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno”, asegura Alejandro Ponce, jefe de Investigación de WJP.
Ahora, en la medición del caso por país, afirma que “México se encuentra en una coyuntura única para orientar sus políticas públicas y consolidar sus instituciones, especialmente a nivel local”.
De los ocho indicadores analizados, Guerrero, que obtuvo una evaluación general de 0.29, ocupa el último lugar en cinco, y es en los rubros de orden y seguridad (0.28), límites al poder gubernamental (0.28), ausencia de corrupción (0.28) y justicia civil (0.28) donde presenta los mayores atrasos institucionales.
Le siguen Baja California Sur (0.35), Estado de México (0.36), Sonora (0.36), Puebla (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.37) y la Ciudad de México (0.37).
Las entidades mejor evaluadas son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44), Zacatecas (0.44), Campeche (0.43). “Yucatán y Zacatecas salieron bien evaluados, pero destacan en el área de justicia penal y no es coincidencia porque, junto con otros estados, éstos fueron los primeros en implementar la reforma al sistema de justicia penal, son los que llevan más tiempo consolidando este sistema”, comenta por su parte Jorge Morales, investigador de World Justice Project.
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